El reconocido empresario Carlos Mattos, antiguo dueño de Hyundai Colombia, fue sentenciado a 9 años y cinco meses de prisión. Luego de negociaciones con la Fiscalía y con la Rama Judicial, y el pago de USD $1 millón como indemnización, su proceso penal por soborno a jueces quedó saldado, tras aceptar que entregó millonarias sumas para resultar favorecido en un proceso por la comercialización de automóviles marca Hyundai en Colombia.
El proceso judicial en contra del empresario tiene su origen en un engranaje de corrupción que vinculó a varios funcionarios públicos, desde ingenieros, abogados y jueces que hacían parte del Complejo Judicial de Paloquemao. Allí, se habría orquestado todo para que Mattos se quedara con la representación de la marca Hyundai en Colombia, en 2016, una vez la casa matriz en Corea decidió comercializar los autos con el grupo ecuatoriano Eljuri.
Entonces, el reconocido empresario colombiano respondió con una demanda civil con la que logró una medida cautelar que frenó la decisión de la multinacional. Con esa determinación, llegaron una seguidilla de sobornos y favorecimientos por parte de Mattos, que tenía como finalidad mantener la representación de la marca en su poder. Un cargo que tuvo por 25 años. Por estos hechos, el juez Reinaldo Huertas fue destituido por 15 años y está bajo investigación penal.
Carlos Mattos, además, fue sentenciado a pagar una multa de 701 salarios mínimos para 2015, lo cual corresponde a $461 millones. Asimismo, no podrá ejercer funciones públicas durante ocho años. Su defensa judicial, no obstante, aseguró que dentro de los próximos cinco días interpondrá el recurso de apelación, buscando una nueva valoración judicial por la reciente condena por los delitos de cohecho (soborno) y daño informático agravado. “No tengo palabras”, dijo Carlos Mattos una vez conoció el monto de su condena.
“En el momento en el que ocurrieron los comportamientos que se le atribuyen, era propietario de una riqueza significativa, que superaba por mucho el capital promedio de la ciudadanía, al punto que pagó $1.100 millones al señor juez de Circuito y a su oficial mayor”, explicó entre sus consideraciones el juez del caso. Durante la audiencia, el jefe de despacho consideró que se configuraban las circunstancias de mayor punibilidad y agregó que, de no ser por el preacuerdo, pudo haber enfrentado una pena de hasta de 11 años en la cárcel.
FUENTE EL ESPECTADOR
