Se investiga la relación entre Diego Marín Buitrago y presuntos fondos ilegales vinculados a la campaña presidencial de Gustavo Petro (2022-2026).
Una trama de espionaje y financiamiento ilegal
Un presunto caso de espionaje al exministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez Gómez, ha desatado una serie de investigaciones y destituciones en la Policía Nacional, mientras se revelan posibles vínculos entre el señalado ‘zar del contrabando’, Diego Marín Buitrago, y figuras políticas de alto nivel.
Las autoridades han identificado una red de irregularidades que involucra desde el supuesto financiamiento a campañas políticas, hasta la infiltración en organismos del Estado, según reportes de El Tiempo.
La investigación de la Dirección Nacional de Inteligencia
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) lleva meses investigando la entrega de 500 millones de pesos (aproximadamente 122.000 dólares) por parte de Marín al ciudadano catalán Xavier Vendrell, en un episodio que habría ocurrido durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Este hecho, ahora objeto de investigación por parte de la Fiscalía, es solo una pieza de un complejo entramado que incluye reuniones secretas, espionaje y posibles encubrimientos dentro de las instituciones del Estado.
Según la investigación, la entrega del dinero ocurrió en una mansión en Guaymaral, cerca de Bogotá, propiedad de la esposa de Diego Marín. En dicha reunión también estuvo presente Néstor García Colorado, cofundador del partido Alianza Verde.
Posibles conflictos de interés y espionaje
García Colorado ha declarado que no presenció la entrega del dinero y que el encuentro fue un «simple asado» con un empresario que quería acercarse a la campaña de Petro. Sin embargo, las circunstancias han generado dudas, especialmente porque sólo ha rendido declaraciones ante la DNI, donde trabajan su hermana y su cuñado.
Uno de los aspectos más delicados del caso es el presunto espionaje al exministro Iván Velásquez y su familia. Según El Tiempo, oficiales de la Dijín/Interpol que investigaban a Diego Marín fueron destituidos recientemente, tras ser señalados de realizar estas actividades de vigilancia no autorizadas.
Entre los implicados se encuentra un miembro de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), Álvaro Galvis, quien habría proporcionado información sobre figuras de derecha vinculadas a la red de contrabando, incluyendo personas cercanas al expresidente Iván Duque.
Otro aspecto controvertido es la supuesta relación de un pariente político del exdirector de la Policía, general William René Salamanca, con Diego Marín.
Protección e impunidad
Aunque el presidente Gustavo Petro reconoció públicamente que Marín intentó infiltrarse en su campaña, también señaló que no se ha avanzado en procesarlo por otros delitos, debido a que gente de la Fiscalía intenta protegerlo.
Uno de los fiscales que llevaba el caso de Marín fue reemplazado en plena audiencia, y el expediente fue trasladado a otro despacho, que solo imputó cargos menores, como cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir con fines de contrabando. Esto ha generado críticas sobre la posibilidad de que Marín reciba una condena benévola, incluyendo detención domiciliaria.
Extradición en proceso
Actualmente, Diego Marín se encuentra en Portugal, donde enfrenta un proceso de extradición a Colombia. Sin embargo, fuentes gubernamentales citadas por El Tiempo advirtieron que, incluso si se concreta su traslado, los cargos imputados hasta ahora podrían permitirle obtener una condena leve.
«Le están buscando casa por cárcel. Varios procesos en su contra que datan de 2010 están literalmente desactivados», afirmó una fuente del alto gobierno.
Mientras tanto, la Fiscalía anunció que, dos años y medio después de los hechos, abrirá una investigación sobre la entrega de los 500 millones de pesos a Xavier Vendrell. El ciudadano catalán será llamado a interrogatorio para esclarecer cuánto dinero devolvió y si alguien más se quedó con una parte, como sugieren algunas versiones.
El caso sigue en desarrollo y podría traer nuevas revelaciones sobre las redes de influencia, espionaje y financiamiento irregular que han impactado el escenario político y de seguridad en Colombia.
