Grabación revela proselitismo ilegal previo a elección de gobernador en el departamento
Este domingo, el departamento de Vichada elegirá nuevo gobernador en una jornada que ya está marcada por graves denuncias de proselitismo ilegal y posibles hechos de corrupción institucionalizada. La alarma fue encendida por el Secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien reveló una grabación en la que aparecen altos funcionarios públicos haciendo campaña por el candidato Juan Carlos Cordero.
La situación pone en entredicho la legitimidad del proceso electoral, especialmente porque el candidato en cuestión es señalado como el heredero político de Álex Benito, exgobernador del departamento recientemente condenado por delitos relacionados con corrupción.
Funcionarios públicos captados en evento político a favor de un candidato
Según Idárraga, la grabación de 122 segundos muestra a la esposa del exgobernador Benito junto al alcalde del municipio de La Primavera, el actual gobernador encargado, dos procuradores regionales, y el gerente del hospital departamental San Juan de Dios, participando activamente en un evento político.
En el video, se escucha a una persona no identificada diciendo:
“Estamos aquí trayéndoles unos pequeños detalles que envía el doctor Juan Carlos Cordero”. La frase, aparentemente inocente, es considerada por expertos electorales como un acto evidente de proselitismo directo, y aún más grave: en compañía de funcionarios públicos activos.
¿Reelección en cuerpo ajeno? La estrategia detrás de la candidatura
El exgobernador Álex Benito fue apartado de la contienda por tener una condena en firme, lo que lo inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos. Sin embargo, diversas fuentes en el departamento señalan que su esposa estaría operando políticamente para impulsar la campaña de Cordero, quien forma parte de su círculo más cercano.
Este tipo de prácticas es conocido en el ámbito político como “reelección en cuerpo ajeno”, una figura no prohibida legalmente, pero que desnaturaliza el espíritu de la democracia. En este caso, el uso de funcionarios públicos y recursos institucionales para apuntalar esa estrategia convertiría la candidatura en un proyecto de continuidad bajo una fachada renovada.
Intervención directa de la Secretaría de Transparencia
Desde la Casa de Nariño, el secretario Andrés Idárraga fue enfático:
“Tenemos pruebas que comprometen a funcionarios del Estado utilizando sus cargos para beneficiar a un candidato vinculado a una estructura ya sancionada por corrupción”.
La Secretaría de Transparencia remitió el video y la denuncia a la Procuraduría General de la Nación, a la Registraduría, y al Consejo Nacional Electoral, con el fin de que se evalúe la posible nulidad del proceso, así como la responsabilidad disciplinaria y penal de los implicados.
Vichada: un departamento con historial de irregularidades
Vichada ha sido durante años un departamento marcado por el abandono estatal, el clientelismo y la concentración del poder político. Diversos informes de la Contraloría y la Fiscalía han señalado patrones de contratación dirigida, manipulación de recursos de salud, y favorecimientos en licitaciones públicas.
La condena contra Álex Benito fue un caso emblemático: desvió recursos para obras públicas inexistentes y firmó contratos con sobrecostos evidentes. Ahora, la sospecha es que su grupo político intenta retomar el poder utilizando nuevas caras, pero con la misma estructura.
Las implicaciones legales del proselitismo institucional
En Colombia, los funcionarios públicos tienen prohibido participar en actividades políticas durante el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la Ley 996 de 2005. Las imágenes divulgadas por Idárraga muestran a funcionarios activos vulnerando este principio, lo que los expone a procesos disciplinarios, sanciones administrativas e incluso penales si se comprueba uso indebido de recursos del Estado.
Los procuradores regionales, por ejemplo, tienen la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la ley electoral. Su presencia en un acto de campaña compromete la credibilidad de la institución que representan.
Reacciones políticas y presión ciudadana
La denuncia generó una ola de reacciones en redes sociales y en el ámbito político nacional. El senador Miguel Uribe, desde el Centro Democrático, exigió la suspensión inmediata de la elección en Vichada si no se garantizan condiciones de transparencia. Por su parte, la congresista Catherine Juvinao pidió que los entes de control actúen antes del domingo, para evitar una “elección viciada por la corrupción”.
Organizaciones de observación electoral como Misión de Observación Electoral (MOE) y Transparencia por Colombia solicitaron presencia urgente de veedores en los puntos críticos del departamento y acceso total a los reportes de contratación pública en los últimos tres meses, a fin de detectar posibles usos indebidos de presupuesto con fines electorales.
¿Puede anularse una elección por proselitismo institucional?
El Código Electoral colombiano establece causales para la impugnación de elecciones cuando se demuestra participación indebida de servidores públicos, compra de votos o presión sobre electores. Sin embargo, los tiempos judiciales suelen jugar a favor de quienes ya están electos, pues los fallos pueden tardar meses o incluso años.
Por ello, sectores de la sociedad civil han solicitado que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral tomen medidas preventivas antes de los comicios, incluyendo:
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Suspensión provisional del candidato Juan Carlos Cordero.
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Investigación disciplinaria inmediata contra los funcionarios involucrados.
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Auditoría en tiempo real al gasto electoral del Pacto Cordero–Benito.
