Minuto30.com .- Este jueves 18 de diciembre, la Sala Penal de la Corte Superior de Bogotá ordenó medida de privación de libertad en un centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. La decisión se enmarca en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La jueza Aura Alexandra Rosero ordenó la captura inmediata de los exfuncionarios del gobierno del presidente Petro, tras señalar que la Fiscalía General de la República cometió un error técnico al solicitar inicialmente arresto domiciliario. La togada aclaró que el arresto domiciliario debe ser siempre una medida secundaria o sustitutiva y no la principal en casos de esta magnitud.
Según la investigación, los exministros habrían participado en el desvío de contratos millonarios de construcción, infraestructura e intervención. Estos recursos, administrados por la UNGRD y el Invías, supuestamente fueron utilizados para “comprar” los votos de un grupo de congresistas, favoreciendo intereses políticos y privados.
El juez consideró que, dada la gravedad de los hechos que involucran actos de corrupción administrativa y uso indebido de recursos públicos, era necesaria una medida de aseguramiento más rigurosa. El tribunal enfatizó la importancia de proteger la integridad de los procesos de contratación estatal contra este tipo de conductas.
Los exministros fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por donación u ofrecimiento e interés indebido en la ejecución de contratos. Estas acusaciones sostienen que los involucrados habrían facilitado la entrega de sobornos a funcionarios públicos para asegurar la adjudicación de contratos específicos.
Es importante recordar que en la audiencia celebrada el pasado 1 de diciembre, tanto Ricardo Bonilla como Luis Fernando Velasco rechazaron los cargos presentados por la Fiscalía. A pesar de su declaración de inocencia, el proceso judicial avanza ahora con los acusados tras las rejas.
La decisión ha generado un fuerte impacto político, ya que se trata de dos de los obispos más importantes del actual Gobierno Nacional. La Justicia busca ahora determinar el alcance total de la red de corrupción que operaba al interior de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos.
Finalmente, el fallo del Tribunal Superior de Bogotá reafirma el compromiso de las instituciones de esclarecer el destino de los fondos de emergencia que supuestamente atenderían a las poblaciones más vulnerables del país y que terminaron, presumiblemente, en manos de políticos y contratistas.
