Un informe de Colombia Compra Eficiente, revelado por El Tiempo, indicó que el Gobierno Nacional ha firmado 80.736 contratos bajo la figura de asociaciones público-populares, que suman más de $31 mil millones de pesos entregados sin licitación.
Este tipo de contratación fue precisamente el que el Tribunal Constitucional tumbó por considerarlo un cheque en blanco que violaba las normas de transparencia.
El proyecto de ley que se ha movido bajo esta modalidad es astronómico y, según alertas de la Contraloría, gran parte de estos acuerdos fueron sellados justo antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías de 2026.
Las cifras no mienten: más de $25 mil millones de pesos se destinaron a 55,434 contratos con asociaciones comunitarias, mientras que otros mil millones terminaron en resguardos, cabildos y juntas comunitarias.
Para muchos sectores de la oposición, este movimiento de boletas no es más que aceite para la maquinaria electoral del Pacto Histórico, ya que estas organizaciones representan la base política más fiel del oficialismo en plena campaña presidencial.
Lea también: ¡El Metro de Medellín saca pecho! Los usuarios lo valoran con un 4,5 en una encuesta de satisfacción
Pero el escándalo no termina ahí. De los más de 55.000 contratos con juntas y asociaciones, sólo una pequeña fracción, apenas 7.309, aparecen rescindidos.
El resto del proyecto de ley permanece en el limbo como “celebrado” o “en ejecución”, lo que ha llevado a figuras como el senador Jorge Robledo a denunciar que estas prácticas inducen directamente a la corrupción.
Mientras el sector salud sufre una deuda similar, el Ejecutivo parece haber priorizado la entrega directa de recursos, desafiando los frenos puestos por la justicia y dejando un manto de dudas sobre la transparencia.
Más noticias de Colombia
