Un juez conocedor dictó condena contra un integrante de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antes conocida como Esmad, por su responsabilidad en un hecho ocurrido en medio de las protestas sociales del 28 de abril de 2021 en el centro de Bogotá, en el que un estudiante universitario resultó gravemente herido.
La decisión judicial se tomó luego de evaluar las pruebas presentadas en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, las cuales permitieron establecer la participación directa del uniformado en el uso de un arma expedida oficialmente. Según la investigación, el patrullero fue identificado a través de su placa y los registros asociados a las armas asignadas, con las cuales disparó un proyectil de goma que impactó a la joven.
Según el proceso, la víctima regresaba a su domicilio luego de haber participado en la jornada de manifestaciones cuando fue golpeado. A consecuencia del ataque sufrió un daño irreversible: pérdida total de la visión.
Durante la lectura del fallo, el juez concluyó que la actuación del agente fue desproporcionada y no cumplió con los protocolos establecidos para el manejo de disturbios. En ese sentido, determinó que el uso de la fuerza en este caso no sólo fue innecesario, sino también contrario a las normas que regulan la intervención de este tipo de unidades.
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Sentencia y sanciones
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Por estos hechos, el uniformado fue declarado culpable del delito de lesiones personales con discapacidad funcional y condenado a siete años de prisión. Además, fue inhabilitado para ejercer funciones públicas por un período de 84 meses, además de pagar una multa equivalente a 24,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2021.
La sentencia corresponde a una decisión de primera instancia, por lo que aún se pueden interponer recursos legales por parte de la defensa.
Este caso se suma a otros procesos judiciales derivados de acciones durante las manifestaciones de 2021, en los que se ha evaluado el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública en escenarios de protesta social.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia o constituya un delito a través de la Línea de Emergencia 123, destacando que denunciar es fundamental para avanzar en las investigaciones y garantizar la aplicación de sanciones.
