Un amplio operativo judicial realizado por la Fiscalía General de la República, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se desarrolló en distintas regiones del país contra establecimientos comerciales de las marcas Lili Pink, Yoi y Lili Beauty, en el marco de una investigación por presuntos delitos de lavado de activos y contrabando de textiles.
Las acciones incluyen inspecciones, ocupación de activos con fines de decomiso e incautaciones, en una intervención que involucra a más de 300 puntos de venta de la empresa Fastmoda, empresa propietaria de las marcas antes mencionadas.
Intervenciones simultáneas y ocupación de locales
Según información conocida en el desarrollo del procedimiento, las autoridades han ocupado hasta el momento 62 establecimientos comerciales con fines de decomiso de bienes, además de realizar al menos nueve diligencias de allanamiento en diferentes ciudades.
Entre las ciudades donde se han concentrado los operativos se encuentra Bogotá, así como otros puntos del territorio nacional, incluido Ibagué. La investigación, que según fuentes judiciales recogidas por Radio Caracol Data de 2022 y busca establecer si habría existido algún esquema de ingreso irregular de mercancías al país.
En el mismo contexto, se confirmó la captura de una persona como parte de las diligencias adelantadas por los organismos judiciales, aunque las autoridades no han detallado oficialmente más detenciones.
Investigación sobre presunta red de contrabando
El proceso en curso pretende esclarecer si detrás de la operación comercial de las marcas habría una estructura vinculada al presunto contrabando de textiles y movimientos financieros que podrían constituir blanqueo de capitales.
Según los elementos que forman parte de la investigación, la hipótesis de las autoridades contempla el posible uso de canales comerciales formales para la comercialización de productos que no habrían cumplido con los requisitos legales de importación.
Dentro del proceso también se analiza la eventual administración de bienes y recursos relacionados con la actividad investigada, lo que ha dado lugar a medidas provisionales de ocupación.
Administración de activos bajo el SAE
Como parte de las medidas adoptadas, algunos de los establecimientos intervenidos podrían pasar a la administración temporal de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes afectados por procesos judiciales mientras se define su situación jurídica.
Este paso forma parte del procedimiento de extinción de dominio, que busca asegurar los bienes mientras avanzan las decisiones judiciales correspondientes.
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Declaración de la empresa Fastmoda
Tras conocer las operaciones, la empresa Fastmoda emitió un comunicado en el que se refirió a la situación jurídica que enfrenta, señalando que el proceso está siendo atendido por sus equipos internos y asesores legales.
En su comunicado, la empresa afirmó que enfrenta el caso “de manera directa y responsable”, y agregó que se han presentado “algunas acciones formales por parte de las autoridades”, en el marco de la investigación en curso.
La empresa también indicó que trabaja “de manera coordinada con los asesores jurídicos y las entidades correspondientes”, con el objetivo de garantizar la adecuada gestión del proceso.
Llamado a las autoridades y preocupación por el empleo
En medio del desarrollo del caso, Fastmoda llamó a las instituciones judiciales a tomar en cuenta el impacto que la situación podría generar en la operación de la empresa y en el empleo asociado a su actividad.
“Hacemos un llamado a las autoridades competentes, la Fiscalía General de la República y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), a proteger la marca Colombia que, desde hace más de 20 años, se ha consolidado como un referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos”, dijo la empresa.
Asimismo, la empresa manifestó su interés en salvaguardar la estabilidad laboral de sus trabajadores mientras avanza el proceso judicial.
Investigación en desarrollo
Por ahora, las autoridades continúan con la recolección de material probatorio y el análisis de los elementos incautados durante los operativos, considerado uno de los procedimientos más extensos realizados recientemente en el país contra presuntas estructuras de contrabando de textiles.
La Fiscalía aún no entrega un balance definitivo sobre el número total de capturados ni el total de bienes afectados, mientras el proceso aún continúa en diferentes regiones del territorio nacional.
