El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, abrió una investigación administrativa contra 37 organizaciones de tránsito del país por presuntos incumplimientos relacionados con la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (SAST), conocidos como fotomultas.
Las acciones realizadas por la Superintendencia revelaron posibles irregularidades en el cumplimiento de los requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, especialmente relacionados con la ausencia del concepto de desempeño emitido por el Instituto Nacional de Metrologíaun requisito imprescindible para garantizar la fiabilidad y legalidad de estos sistemas.
Durante la investigación se identificó que:
12 organizaciones de tránsito iniciaron operaciones sin tener un concepto de desempeño.
7 organizaciones operaron con conceptos emitidos a terceros.
18 organizaciones obtuvieron los conceptos técnicos luego de haber iniciado la operación de los sistemas.
Entre las organizaciones investigadas se encuentran autoridades de tránsito de ciudades y municipios como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otras.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que esta acción marca un precedente histórico en defensa de la ciudadanía y la legalidad.
«Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de cobro al margen de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser quienes paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos», afirmó el ministro.
La Superintendencia de Transporte también identificó que los organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de citaciones a través de estos sistemas tecnológicos. De ellos, 1.582.398 ya han sido pagados por ciudadanos colombianos y representan recaudaciones superiores a los $1.050 millones.
En consecuencia, las autoridades investigadas podrían verse obligadas a devolver estos recursos y además enfrentar sanciones equivalentes al doble del monto recaudado, lo que superaría los $2,100 millones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2251 de 2022.
Las organizaciones con mayor número de citaciones detectadas dentro de la investigación son:
Cali: 2,7 millones de citaciones.
Medellín: más de 717 mil citaciones.
Bogotá: cerca de 294 mil citaciones.
Barranquilla: más de 131 mil citaciones.
Además, 5.832.906 citaciones que aún no han sido pagadas quedarán sin efecto y deberán ser revocadas de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes, beneficiando potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos.
Por su parte, el Superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, señaló que estas acciones buscan recuperar la confianza ciudadana y garantizar el respeto al debido proceso.
«No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana. Ninguna cámara de fotodetección puede funcionar sin cumplir con los requisitos técnicos y legales que exige la ley», afirmó el superintendente.
El Gobierno Nacional reiteró que continuará realizando las acciones administrativas necesarias para garantizar que los organismos de tránsito y los sistemas de fotodetección operen bajo estricto cumplimiento de la ley y con total transparencia hacia la ciudadanía.
