Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta relación con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia durante la década de 1990, así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
La decisión judicial también incluye los presuntos delitos de homicidio agravado en persona protegida, concierto para delinquir agravado y formación de grupos paramilitares.
Las acciones de la Fiscalía responden a un expediente que se remonta a denuncias presentadas hace más de tres décadas y que investiga una posible relación entre el expresidente y estructuras paramilitares que habrían operado en la estancia Guacharacas, además de su eventual responsabilidad en hechos violentos registrados en el municipio de Ituango, Antioquia.
Según el ente investigador, la decisión se adoptó luego del análisis acumulado del proceso y luego de varias acciones judiciales que solicitaron una definición sobre el avance de las investigaciones. El expediente pasó a la justicia ordinaria luego de que Uribe renunciara a su banca en el Senado.
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Tras conocer la determinación, el expresidente Álvaro Uribe rechazó las acusaciones y cuestionó la imparcialidad del fiscal a cargo del caso.
A través de una declaración pública, aseguró que la medida constituye una persecución política y afirmó que no ha tenido oportunidad de realizar una declaración previa dentro del proceso.
Uribe también sostuvo que el llamado a investigación se da en momentos cercanos a la segunda vuelta presidencial y calificó la situación como una estrategia con motivaciones electorales.
Su defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, también afirmó que no se había respetado el debido proceso, argumentando que el expresidente debería haber sido escuchado previamente a través de una versión libre antes de ser citado formalmente a investigación.
La investigación continuará en las próximas semanas, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y las diligencias judiciales correspondientes para determinar la responsabilidad o inocencia del expresidente.
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