El Gobierno de Cundinamarca confirmó una sanción administrativa contra el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, institución ubicada en Cajicá y vinculada al caso de la estudiante Valeria Afanador, quien falleció en agosto de 2025 tras su desaparición dentro del recinto educativo.
La decisión fue adoptada mediante Resolución 004627 del 19 de junio de 2026, emitida por la Secretaría de Educación departamental, en la que se declara responsable al establecimiento por una infracción grave a las normas que regulan la prestación de servicios educativos y se ordena la cancelación de su licencia de funcionamiento.
Decisión administrativa y alcance de la medida
Según la determinación oficial, la sanción no tendrá aplicación inmediata, ya que aún existen recursos legales que puede interponer la defensa del colegio. Esto significa que la institución podrá continuar operando mientras el proceso administrativo sigue su curso.
De acuerdo con lo dispuesto en la resolución, la cancelación de la licencia comenzaría a surtir efectos una vez finalizado el calendario académico para el año 2026. Además, se indicó que el director del plantel deberá presentar un plan de reubicación de estudiantes antes del 31 de octubre de 2026 a la Secretaría de Educación de Cundinamarca.
El Gobierno también ordenó enviar copia del expediente a la Procuraduría General de la República para que avance las acciones correspondientes en el marco de su investigación.
Hechos que rodean el caso
El caso de Valeria Afanador comenzó el 12 de agosto de 2025, cuando la menor fue denunciada como desaparecida en el colegio durante una jornada escolar. Días después, luego de un operativo de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en el río Frío.
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Las investigaciones establecieron que la causa de la muerte fue ahogamiento y que el fallecimiento se produjo el mismo día de la desaparición. La policía, el ejército y las agencias de socorro participaron en el proceso de búsqueda, registrando el área del campus y sus alrededores.
En paralelo, la Fiscalía avanzó solicitudes de imputación de homicidio culposo contra dos personas vinculadas a la institución, dentro de la investigación por posibles faltas en los deberes de vigilancia y protección.
Investigación y alcance de la sanción
En el acto administrativo, el Ministerio de Educación indicó que el establecimiento educativo incumplió disposiciones relacionadas con la prestación del servicio público de educación y los deberes de cuidado y seguridad hacia los estudiantes.
En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la medida busca determinar responsabilidades administrativas dentro del marco legal vigente, sin perjuicio de las investigaciones penales que continúan en curso.
Reacciones y antecedentes del caso
El caso ha generado múltiples pronunciamientos de distintos sectores. En septiembre de 2025, el abogado de la familia del menor, Julián Quintana, solicitó el cierre del colegio ante las autoridades educativas, argumentando fallas en las condiciones de seguridad de la institución.
Según las acciones conocidas, la decisión del Gobierno se suma a las investigaciones que buscan esclarecer las circunstancias del hecho y establecer si hubo omisiones en los protocolos de protección dentro del ámbito escolar.
Por ahora, el colegio continúa funcionando mientras se resuelven los recursos legales que podrían modificar o confirmar la sanción impuesta por la autoridad departamental.
