El Clan del Golfo informó que dejará temporalmente de exigir el pago de los llamados «impuesto de guerra» a comerciantes de varios municipios de Antioquia y Córdoba.
La medida, según la organización armada, estará vigente entre el 10 de julio y el 10 de octubre y busca demostrar su disposición para el inicio del próximo gobierno.
La decisión fue comunicada a través de un comunicado en el que el grupo ilegal aseguró que esta suspensión pretende enviar una señal de confianza al presidente electo, Abelardo de la Espriella, así como a los países y organizaciones que han acompañado el proceso de conversaciones desarrollado en los últimos meses.
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En el comunicado, la estructura también destacó el papel de los gobiernos de España, Noruega, Suiza y Qatar, además de la Misión de la OEA de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias, entidades a las que agradeció su participación como mediadores y acompañantes.
El Clan del Golfo también afirmó que mantiene su intención de avanzar a través del diálogo y sostuvo que sigue comprometido con los entendimientos alcanzados durante las conversaciones llevadas a cabo hasta el momento.
Asimismo, extendió una invitación a la administración que comenzará el 7 de agosto para designar representantes que puedan asistir a los espacios de conversación y verificar directamente el desarrollo del proceso, asegurando que está dispuesto a mostrar los resultados obtenidos.
Sin embargo, este anuncio contrasta con la posición expresada recientemente por el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, quien descartó que el próximo Gobierno sostenga conversaciones de paz con el Clan del Golfo.
En declaraciones entregadas a La Hora de la Verdad, Lara fue enfático al afirmar que no habrá negociación con esa organización, cerrando la puerta a la continuidad del proceso una vez que asuma el nuevo Ejecutivo el próximo 7 de agosto.
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