La Agencia Nacional de Tierras (ANT) encendió las alarmas en el país al presentar una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República por una ola sistemática de violencia contra comunidades rurales. Según el director de la entidad, Juan Felipe Harman, se ha identificado un claro patrón de intimidaciones, amenazas de muerte, desplazamientos forzados y hasta actos de tortura contra campesinos y víctimas que se han beneficiado de la entrega y provisión provisional de tierras en el marco de la Reforma Agraria.
Según detalla la ANT, los ataques e intimidaciones se intensificaron luego de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio. La entidad advierte que estructuras vinculadas al narcotráfico, el paramilitarismo y los ocupantes irregulares pretenden frenar la restitución de tierras mediante el uso de la fuerza.
«Ya hay un patrón de conducta en las propiedades que hemos recuperado. Son más de seis fincas que han sido blanco de ataques para amedrentar a los agricultores en tan solo una semana. No podemos ignorar lo que está pasando», denunció enfáticamente Harman desde Bogotá, confirmando que ya dio los nombres de los presuntos responsables a la Fiscalía.
Tres regiones bajo fuego e intimidación
La denuncia penal de la ANT documenta acciones delictivas específicas concentradas en tres zonas clave del territorio nacional:
Subregión del Magdalena Medio: En los predios 'Los Alpes–La Olguita' y 'Los Alpes–La Apulia', sujetos armados que se identificaron como “abogados y propietarios” intimidaron a las familias para exigir el abandono de los lotes e incluso robaron los portones principales. Asimismo, un líder comunitario recibió amenazas de extorsión por parte del Clan del Golfo. Por otro lado, en La Dorada (Caldas) y Puerto Triunfo (Antioquia), familias beneficiarias de propiedades que pertenecieron a capos como Daniel 'El Loco' Barrera y familiares del exjefe paramilitar Ramón Isaza denunciaron acoso diario y discursos estigmatizantes por parte de individuos que buscaban recuperar el control de las tierras.
Puerto López (Meta) – El caso más crítico: La situación más grave en materia de derechos humanos ocurrió en la finca La Primavera, propiedad que perteneció al narcotraficante extraditado Ignacio Álvarez Meyendorff. El 24 de junio en la madrugada, cuatro hombres armados y encapuchados atacaron el lugar, quemaron vehículos, enseres y la planta eléctrica, y torturaron brutalmente con machetes y palos a cuatro adultos y a un menor de 14 años. Las víctimas tuvieron que ser trasladadas de urgencia a un hospital.
Departamento de Córdoba: En el municipio de Buenavista, familias campesinas de la finca El Llano (también propiedad en el pasado de Álvarez Meyendorff) se vieron obligadas a reubicarse forzosamente tras el aviso de una inminente incursión de 30 hombres armados. En Pueblo Nuevo, administradores vinculados a una empresa ganadera cerraron el acceso con cadenas y amenazaron con matar a líderes comunitarios para impedirles explotar productivamente el predio La Palmira, desconociendo medidas emitidas por el Tribunal Superior de Bucaramanga.
Solicitud de medidas urgentes
Ante la gravedad de los hechos, el director de la Agencia Nacional de Tierras calificó estas acciones como delitos que incluso podrían calificarse como crímenes de lesa humanidad por el desplazamiento forzado provocado.
La ANT hizo un llamado urgente y categórico a la Fiscalía General de la República para que realice las investigaciones correspondientes para capturar tanto a los autores materiales como intelectuales de estos ataques. Asimismo, el alto funcionario exigió esquemas de protección inmediata para salvaguardar la vida e integridad de los campesinos, comunidades étnicas y víctimas del conflicto que hoy temen por sus vidas luego de haber recibido la legítima asignación de sus tierras.
