Minuto30.com .- La justicia colombiana ha vuelto a poner la lupa en uno de los episodios más tristes y violentos de la historia del país. Este martes 7 de julio, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del general retirado Miguel Maza Márquez, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), vinculándolo formalmente con el asesinato del líder político y exguerrillero del M19 Carlos Pizarro Leongómez.
El excandidato presidencial fue asesinado el 26 de abril de 1990 en un vuelo comercial, y más de tres décadas después, la fiscalía señala a Maza Márquez como presunto coautor de este crimen que dejó de luto a la nación.
Las graves acusaciones: un esquema de seguridad vulnerado
La Fiscalía formalizó la acusación contra el exdirector del DAS por los delitos de homicidio «en concurso sucesivo y heterogéneo con concierto para delinquir».
Según la investigación, el papel de Maza Márquez habría sido fundamental para dejar a Pizarro a merced de sus asesinos. El expediente detalla un escalofriante presunto plan concebido desde las entrañas del Estado:
Debilitamiento del esquema: Días antes del mortal atentado se ordenaron cambios repentinos y omisiones que disminuyeron drásticamente la capacidad de respuesta del equipo de seguridad del candidato.
Filtrado de rutas: Se habría proporcionado información privilegiada y confidencial sobre los movimientos exactos de Pizarro.
Alianza criminal: El ente acusador señala una posible coordinación directa entre funcionarios del extinto DAS y las estructuras paramilitares comandadas por los hermanos Carlos y Fidel Castaño para ejecutar el crimen y encubrir a los responsables.
“Estas circunstancias habrían facilitado la ejecución del atentado y el posterior encubrimiento de los responsables”, señala el contundente documento emitido por la Fiscalía.
¿Por qué no lo enviaron a la cárcel?
Pese a la extrema gravedad de los delitos imputados, la Fiscalía decidió no imponer medida de seguridad (prisión preventiva) al exfuncionario.
El ente investigador justificó esta determinación con base en tres factores fundamentales:
Su avanzada edad (88 años).
Un estado de salud actualmente delicado.
La consideración de que, en su actual condición, no existen razones jurídicas de peso para mantenerlo en prisión preventiva mientras avanza el juicio.
Esta nueva acusación reafirma la participación oscura que habría tenido el máximo organismo de inteligencia del Estado durante la época sangrienta de los años 90, donde una alianza letal con el narcotráfico y el paramilitarismo logró silenciar a toda una generación de líderes políticos en Colombia.
