La disputa judicial entre Bad Bunny y su expareja Carliz De La Cruz Hernández sumó un nuevo capítulo luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico dictaminó que la demanda presentada por el abogado puede seguir su curso, al considerar que existen elementos suficientes para que varios de sus reclamos sean analizados en el proceso.
La decisión, conocida esta semana y reportada por Billboard, no representa una condena contra el artista puertorriqueño ni determina que haya incurrido en alguna conducta ilegal. Sin embargo, sí confirma que parte de las acusaciones presentadas por De La Cruz Hernández siguen vigentes y deben ser discutidas en los tribunales.
El litigio se centra en el uso de la frase “Bad Bunny baby”, un audio que, según la demandante, grabó en 2015 a petición de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, cuando ambos mantenían una relación sentimental.
Años más tarde, esa grabación terminó siendo parte del tema «Dos Mil 16», incluido en el exitoso disco Un Verano Sin Ti. Según la demanda, el mismo audio también fue utilizado anteriormente en «Pa Ti», además de diferentes presentaciones y contenidos promocionales, sin que exista autorización para su explotación comercial ni compensación económica.
Tribunal mantiene viva parte de la demanda
En su decisión, el máximo tribunal puertorriqueño confirmó que las denuncias relacionadas con «Dos Mil 16» pueden continuar, al tiempo que descartó las referidas a «Pa Ti» al considerar que fueron presentadas fuera del tiempo permitido por la ley.
Los magistrados respaldaron el criterio adoptado previamente por tribunales inferiores de que la voz de De La Cruz Hernández podría haber sido utilizada con fines comerciales dentro del lanzamiento del álbum.
En el fallo, la Corte sostuvo: “No erraron al determinar que los hechos presentados sobre la explotación comercial o mercantil de la voz de la señora De la Cruz Hernández eran suficientes para llamar la atención sobre el inmueble en cuestión o informar al público sobre el mismo a través de los medios de comunicación”.
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Uno de los aspectos analizados durante el proceso fue que la circulación del fragmento de audio en redes sociales habría despertado el interés de los seguidores por una posible referencia a la antigua relación entre ambos, situación que, según decisiones judiciales previas, podría haber favorecido la promoción del disco.
Las reclamaciones de derechos de autor también revivieron
Además del debate sobre el llamado derecho de publicidad, el Tribunal Supremo anuló una decisión anterior que había desestimado reclamaciones de derechos de autor relacionadas con grabaciones de voz.
Al explicar esa determinación, el juez Pabón Charneco escribió: “Siempre y cuando esa interpretación con tu voz quede fijada en un medio tangible, reconocemos que pueden surgir derechos de autor sobre la grabación”.
Asimismo, agregó: «La señora De la Cruz Hernández alegó en su demanda que la grabación de su interpretación personal, distinguible e incomparable de la frase fue utilizada indebidamente y que fue utilizada sin la debida atribución. Por lo tanto, concluimos que la demandante ha presentado hechos suficientes para ofrecer la prueba que justifica esta afirmación».
No todos los miembros del alto tribunal compartían esa posición. El Juez Ángel Colón Pérez emitió un voto disidente en el que expresó: “Nos parece claro que, en el marco de este litigio, ninguna de las causas de acción invocadas por la señora De La Cruz Hernández es legalmente admisible, bajo ningún derecho positivo disponible en nuestra jurisdicción”.
Según informa TMZ, la demanda también plantea reclamaciones por el presunto uso no autorizado de la voz, vulneración de derechos de imagen y daños derivados de la explotación comercial de la grabación. El abogado pide una indemnización de más de 40 millones de dólares.
Hasta el momento, Bad Bunny y sus representantes no han emitido un comunicado oficial sobre la reciente decisión judicial. Mientras tanto, el proceso continuará en los tribunales de Puerto Rico, donde se definirá si hubo uso indebido de la grabación y si los reclamos del demandante tienen fundamento legal.
