La Contraloría General de la República presentó los resultados del seguimiento de los recursos asociados a la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Decreto 0150 de 2026. El análisis arrojó avances importantes en el cobro de medidas tributarias extraordinarias, pero prácticamente nula ejecución de los recursos destinados a atender y recuperar las áreas afectadas por la temporada invernal.
Al 18 de junio de 2026, la recaudación por el impuesto a la riqueza y los mecanismos de alivio fiscal ascendió a $7,59 billones, equivalente al 87,5% de la adición presupuestaria aprobada para atender la emergencia. Sin embargo, este monto aún no cubrió los $8.680 millones incorporados al Presupuesto General de la Nación, situación que representó un riesgo para la sostenibilidad financiera de las asignaciones previstas para el segundo semestre del año.
La Contraloría observó que, si bien los recursos fueron incluidos en el presupuesto y se han emitido certificados de disponibilidad para diversos sectores, no existe una ejecución efectiva de obligaciones y pagos en las entidades responsables.
Particular preocupación genera la situación de los recursos administrados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, los cuales permanecen en la fase de estructuración del convenio. Esta circunstancia ha retrasado el inicio de las intervenciones encaminadas a la recuperación de los territorios afectados, a pesar del tiempo transcurrido desde la declaración de la emergencia.
El organismo de control también estableció que sectores como Transporte, Medio Ambiente, Minas y Energía, Salud, Bomberos, Prosperidad Social e ICBF presentan nula ejecución de los recursos asignados, mientras que, en Vivienda y Educación, a pesar de haber avances en la emisión de certificados presupuestarios, aún no se registran obligaciones ni pagos.
Además, la Contraloría advirtió que, a varios meses de ocurrida la emergencia, aún no ha recibido del Gobierno Nacional el Plan de Acción Específico que establezca claramente las acciones, responsables, cronogramas y resultados esperados para la atención integral. La ausencia de este instrumento dificulta el seguimiento oportuno de la ejecución de los recursos públicos y restringe la evaluación del cumplimiento de los objetivos que motivaron la declaración de emergencia.
La Contraloría General de la República reiteró que continuará ejerciendo vigilancia y control fiscal preventivo y concomitante sobre estos recursos. Asimismo, llamó al Gobierno Nacional a acelerar la formalización de los acuerdos pendientes, garantizar la ejecución oportuna de las inversiones y asegurar que cada peso recaudado se destine exclusivamente a la atención y recuperación de las comunidades afectadas por la emergencia invernal.
