La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, señaló que “ninguna conducta al interior de la Jurisdicción va a quedar en la impunidad”, esto en relación con el aval que dio este jueves la Corte Constitucional para que los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto sean susceptibles de las penas alternativas que contempla este sistema de justicia transicional.
Esa decisión la tomó la Corte Constitucional en el estudio que hizo de la ley estatutaria que reglamenta la reforma constitucional que introdujo la JEP a la Carta Política. Linares explicó este viernes que los delitos sexuales son delitos “no amnistiables, luego bajo ninguna circunstancia este tipo de conductas ameritará ni amnistía, ni renuncia a la persecución penal”.
“Lo que dijo la Corte es que al analizar este tema, encontró que el Congreso no tenía competencia para modificar las penas que se definen en el acto legislativo 01 de 2017 (reforma constitucional de la JEP) para este tipo de delitos. Esa es la razón”, puntualizó Linares y agregó que esa es la interpretación que les compete aplicar como jueces.
Con las penas alternativas que contempla la JEP se busca que estos delitos sexuales relacionados con el conflicto, que hasta el día de hoy permanecen en la impunidad, sean castigados con sanciones que satisfagan principalmente a las víctimas.
Unos de los principios de este tipo de justicia enseña que el objetivo es que los victimarios se vean motivados a decir la verdad, confesar sus crímenes y reparar para tener los beneficios de penas alternativas, que entre otras van hasta los ocho años de restricción de la libertad. Si no cuentan la verdad, se exponen a ser vencidos en juicio y recibir hasta 20 años de prisión.
En general, respecto a la constitucionalidad de la ley estatutaria, la presidenta de la JEP se declaró tranquila. “Nos genera mucha tranquilidad saber que el marco normativo al que está supeditada la JEP ya se encuentra prácticamente completo”, afirmó Linares.
“Estamos trabajando a pleno, recibiendo comparecientes, produciendo autos y ya ahora tenemos la tranquilidad de contar con un marco normativo”, concluyó la presidenta de la justicia especial.
La decisión de la Corte Constitucional está dentro del marco del estudio previo y automático para que la ley estatutaria entrara en vigencia. En esta, además señala que los magistrados de la JEP sí pueden practicar pruebas para analizar los casos de extradicción y particularmente si existió delito y la presunta fecha de su comisión.
FUENTE EL TIEMPO
REDACCIÓN PAZ
