Ante la confirmación de la muerte de siete menores de edad en combates entre las fuerzas armadas de la República y la estructura criminal al mando de alias “Iván Mordisco”, la Fiscalía General de la Nación expresa, en primer lugar, su más profunda condena por el atroz delito de reclutamiento y utilización de menores por parte de estructuras criminales al margen de la ley, práctica que constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. El Fiscal General, Gregorio Eljach, lamenta profundamente la pérdida de estas vidas inocentes y envía un abrazo de solidaridad a sus familiares y a toda la sociedad colombiana en este momento.
Entre los años 2024 y 2025 a la fecha, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes continúa mostrando un aumento desproporcionado que preocupa a este organismo de control y debe activar el rechazo de toda la sociedad. De acuerdo con cifras obtenidas por la Procuraduría General de la República en el ejercicio de sus acciones preventivas, aún con el subregistro que se evidencia en estos casos, en este período se han reclutado más de 740 menores. En 2024 se presentaron 578 víctimas (351 niños, 227 niñas). 277 de ellos eran indígenas.
Estos niños, niñas y adolescentes habrían sido reclutados por las estructuras denominadas “Estado Mayor Central”, “Disidentes” y el “ELN”. Los departamentos más afectados han sido Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Huila, Nariño, Arauca y, precisamente, Guaviare. Por su parte, el ICBF reporta 370 menores recuperados de estas estructuras criminales entre 2024 y 2025, con edades entre 13 y 17 años, de los cuales el 70% serían niños y el 30% niñas.
La Fiscalía General de la Nación rechaza con absoluta contundencia que grupos armados ilegales sigan incorporando a sus filas a niñas, niños y adolescentes, quitándoles su infancia, su libertad y, en muchos casos, su vida. Ninguna causa o ideología puede justificar el uso de menores en la guerra. Este infame crimen, además de destruir el tejido social, deja una huella de dolor irreparable en las familias y comunidades del país. Los colombianos no toleramos que delincuentes quiten de esta manera la vida a nuestros hijos y nietos, ni aceptamos excusa alguna para este horrendo crimen, que no es amnistiable jurídicamente ni estamos socialmente dispuestos a perdonar.
En este contexto, el Procurador General también recuerda a las Fuerzas Militares de la Nación su deber de observar y perfeccionar permanentemente los protocolos y procedimientos operativos que garanticen el pleno respeto al Derecho Internacional Humanitario y los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. El Ministerio Público reconoce la difícil labor y sacrificios de las Fuerzas Militares en la defensa de la seguridad nacional y las insta a continuar su misión dentro de los más altos estándares éticos y legales, en armonía con la protección de la vida humana y la dignidad de las víctimas. Desde esta perspectiva, la Fiscalía General cumplirá con su deber de investigar con calma, imparcialidad y rigor los hechos ocurridos e imponer, en su caso, las sanciones disciplinarias correspondientes.
La Procuraduría General de la República reafirma su compromiso inquebrantable de monitorear, prevenir y sancionar todas las formas de violación de los derechos de la niñez y la adolescencia, y de acompañar a las instituciones del Estado en la consolidación de una paz basada en el absoluto respeto al derecho a la vida y a las normas humanitarias. En ese marco, acompañará a la sociedad, al Gobierno nacional y a todas las instituciones en el propósito compartido de perseguir y someter al Estado de derecho el narcotráfico, el secuestro, el reclutamiento de menores, la minería ilegal y otras conductas que atenten contra el pleno ejercicio de los derechos de los colombianos, así como su tranquilidad.
