La Defensoría del Pueblo confirmó este sábado 15 de noviembre que seis menores de edad murieron durante los operativos militares realizados en el bombardeo en Guaviare contra la facción alias Iván Mordisco.
Las muertes, ocurridas esta semana en medio de una ofensiva ordenada por el presidente Gustavo Petro, revivieron la polémica sobre el uso de bombardeos en campamentos donde podría haber poblaciones reclutadas a la fuerza.
Según explicó la Defensoría del Pueblo, que dirige Iris Marín Ortiz, este hecho “profundamente lamentable” obliga a reiterar que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) impone límites estrictos incluso en medio de hostilidades.
El Gobierno confirmó que en el operativo murieron 19 personas, sin embargo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que la identificación de las víctimas (incluida la verificación de si había menores entre las víctimas) está ahora en manos de Medicina Forense.
El ministro sostuvo que, según el DIH, cualquier persona en situación de combate constituye un objetivo legítimo. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo rechazó que grupos armados ilegales sigan utilizando a menores como escudos humanos y pidió a las Fuerzas Militares adoptar todos los protocolos posibles para evitar daños a esta población, incluso cuando ha sido obligada a participar en hostilidades.
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La entidad también cuestionó si, en este caso específico del bombardeo en Guaviare, era posible utilizar otros métodos menos dañinos que evitaran un desenlace fatal a los menores reclutados por la disidencia.
Mientras aumenta la tensión y se esperan detalles sobre la identidad de los seis menores fallecidos, las Fuerzas Militares no han brindado un comunicado oficial adicional.
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