Minuto30.com .- Un paso fundamental para la verdad y reparación de miles de víctimas se dio en las últimas horas en los tribunales judiciales. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en segunda instancia la sentencia dictada bajo la ley de Justicia y Paz contra Elda Neyis Mosquera, conocida en el conflicto armado como alias 'Karina', y otros ocho exintegrantes de la extinta guerrilla de las FARC.
El alto tribunal confirmó la responsabilidad de estos postulados en una alarmante cifra de 3.358 conductas delictivas, perpetradas durante sus años de terror en seis departamentos del país: Antioquia, Córdoba, Chocó, Quindío, Caldas y Risaralda.
Los 6 patrones delictivos confirmados
Con esta decisión, queda firme la pena alternativa (beneficio penal otorgado por su sometimiento a la justicia transicional) por la sistematicidad y crueldad con la que operó el frente comandado por alias 'Karina'.
La Corte Suprema encontró a los acusados responsables de seis macropatrones de delincuencia que dejaron profundas cicatrices en las regiones afectadas:
Homicidio de población civil y fuerzas públicas.
Desaparición forzada en zonas de influencia guerrillera.
Desplazamiento forzado de comunidades enteras.
Secuestro con fines extorsivos y políticos.
Reclutamiento ilícito de menores para la guerra.
La violencia de género, una lacra que la justicia ha comenzado a visibilizar y sancionar con mayor rigor en estos tribunales.
Modificaciones en retribuciones y llamado de atención
Si bien la Corte confirmó el grueso de la condena penal, la Sala de Casación aprovechó el fallo para realizar modificaciones sustantivas en el reconocimiento de las víctimas y en los montos económicos inicialmente fijados para su indemnización, buscando garantizar una reparación más justa y proporcional al daño causado.
Además, el tribunal emitió un fuerte exhorto institucional. La Corte ordenó a la Defensoría del Pueblo iniciar procesos urgentes de capacitación a sus funcionarios, para que adquieran mayor conocimiento técnico y jurídico en el manejo de temas de compensación dentro de los incidentes de reparación integral. El objetivo es que la defensa de los derechos de las víctimas sea impecable y no sufra retrocesos en esta etapa crucial.
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