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Una nueva inspección judicial realizada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se llevó a cabo este martes 9 de diciembre en Bogotá, como parte del proceso que busca esclarecer los vínculos institucionales mencionados en los expedientes encontrados en posesión de alias 'Calarcá', jefe del frente 36 de las disidencias de las FARC.
Los investigadores ingresaron al Departamento de Control del Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, así como a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Esta visita técnica se suma a las diligencias ya realizadas en las instalaciones del Indumil y en el Comando de Personal del Ejército, mencionadas también en los documentos y dispositivos incautados al dirigente.
Las acciones fueron ordenadas por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, con la intención de recabar la mayor cantidad de pruebas posibles para avanzar en la investigación que involucra a funcionarios y presuntos facilitadores de la estructura ilegal.
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En paralelo, la Fiscalía continúa con la revisión forense de computadoras, celulares, discos duros y memorias incautados en julio de 2024 durante un retén militar en Anorí, Antioquia, donde se movilizaba una caravana de miembros del autoproclamado Estado Mayor General de las disidencias.
Los hallazgos preliminares incluyen nombres de varios compañeros de alias Calarcá, así como menciones directas al general Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del Comando de Personal del Ejército (Coper), señalado en los expedientes como presunto vínculo o facilitador.
Su conducta ahora es materia de verificación para establecer si existen motivos suficientes para acusarlo.
Otro funcionario bajo vigilancia es Wilmar de Jesús Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la DNI, también mencionado en comunicaciones internas de la estructura ilegal.
Según los documentos, estas personas habrían participado en esfuerzos para promover la movilidad, contactos e incluso la creación de una empresa de seguridad que protegería armas y personal de los disidentes.
Las investigaciones avanzan en medio de preocupaciones sobre un posible esquema de infiltración en instituciones del Estado, alianzas con actores ilegales y presunto financiamiento político.
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