El panorama judicial en Colombia se sacude tras el anuncio de la Fiscalía General de la República, que ha decidido llamar a responder formalmente a Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien deberá enfrentar cargos el próximo 11 de febrero por su presunta responsabilidad omisiva en el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido tras un atentado sicario el año pasado.
La determinación del organismo acusador marca un hito en la historia reciente del país, pues Rodríguez es el primer alto funcionario del actual Gobierno en ser procesado penalmente por las fallas en el esquema de seguridad que propiciaron el crimen.
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Bogotá, el titular de la UNP será imputado por los delitos de prevaricación por omisión y tentativa de homicidio, bajo la tesis de que fueron ignoradas múltiples alertas y solicitudes para reforzar la protección del líder del Centro Democrático antes de que fuera agredido.
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El expediente indica que el magnicidio no fue un hecho aislado, sino resultado de lo que la justicia califica como “mezquindad” estatal.
El abogado de la familia de la víctima, Víctor Mosquera, ha sostenido con vehemencia que en más de diez ocasiones se solicitó protección adicional para el político de 39 años, solicitudes que habrían sido ignoradas por la entidad encargada de velar por la vida de personajes públicos en riesgo.
Miguel Uribe Turbay fue víctima de un ataque con arma de fuego el pasado 7 de junio mientras participaba en un evento público en el parque El Golfito, en el norte de la capital.
Un adolescente de 15 años fue el responsable de disparar con una pistola Glock contra el candidato, quien murió semanas después en la Fundación Santa Fe. Mientras las investigaciones señalan a la “Segunda Marquetalia” como autores intelectuales, la lupa judicial ahora se centra en la cadena de mando de la UNP y por qué el esquema de seguridad fue insuficiente para evitar la tragedia.
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