Luego de luchar por su vida durante varios días en una unidad de cuidados intensivos, se confirmó la muerte del teniente coronel (r) Renato Solano Osorio, quien se desempeñaba como subdirector del penal de Neiva.
Solano no pudo superar la gravedad de las heridas sufridas en el ataque perpetrado el pasado 13 de enero, mismo que acabó inmediatamente con la vida de su hijo, un menor de tan solo 11 años.
El violento episodio ocurrió en el sector de Los Olivos, cuando el funcionario penitenciario y el niño viajaban en una camioneta oficial con destino al municipio de Rivera. Según los informes proporcionados por el Inpec, un sicario que viajaba en una motocicleta interceptó el vehículo y disparó en repetidas ocasiones, impactando al menor en la cabeza y al oficial en el tórax y abdomen.
El ataque ha generado una profunda indignación a nivel nacional, no sólo por la violencia dirigida contra un servidor público, sino también por la muerte de un niño inocente que solo acompañaba a su padre.
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A través de un comunicado oficial, el Inpec expresó su profundo pesar por el fallecimiento del oficial, quien permaneció bajo atención médica en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, debido a la gravedad de sus heridas.
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que, según el Ministerio de Justicia, el subdirector del penal de Neiva no había denunciado amenazas recientes de alto riesgo, lo que refuerza la hipótesis de un ataque previamente planeado con el objetivo de generar zozobra y desestabilizar la administración penitenciaria.
Las investigaciones para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales de este doble crimen avanzan bajo estricta confidencialidad.
Mientras tanto, el Gobierno Nacional y diferentes organizaciones han reiterado el llamado a fortalecer la protección de los funcionarios penitenciarios, quienes desde hace meses vienen alertando sobre la falta de garantías de seguridad en diferentes regiones del país.
Este ataque en Neiva se suma a una preocupante escalada de violencia contra el sistema penitenciario colombiano, poniendo en duda la efectividad de los actuales esquemas de protección para quienes dirigen centros de detención de alta complejidad.
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