Una adolescente de 15 años vinculada al asesinato del menor David Nocua fue reaprehendida en Bogotá luego de fugarse del lugar donde cumplía medida preventiva. La joven fue localizada por la Policía Metropolitana mientras intentaba esconderse en una vivienda de la localidad de Kennedy y nuevamente fue puesta a disposición de un centro de detención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde continuará cumpliendo su medida judicial.
Antecedentes del caso
El homicidio de David Nocua, de 14 años, ocurrió el 8 de mayo de 2025 en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. El cuerpo del menor fue encontrado en una zona boscosa cercana al río Tunjuelo, con múltiples heridas provocadas por arma cortante, horas después de ser reportado como desaparecido por sus familiares.
Según la investigación judicial, Nocua salió de su domicilio acompañado de su exnovia, una menor de 15 años y una amiga de 14, con el pretexto de pasar tiempo juntos. Ambos adolescentes fueron acusados de planear el encuentro y atacarlo en el aislado lugar donde luego fue encontrado muerto.
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En junio de 2025, la Fiscalía General de la República confirmó que los dos adolescentes aceptaron su responsabilidad por homicidio agravado, y un juez de adolescentes dictó sanción de prisión preventiva por siete años, de conformidad con el régimen especial del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
Escape y recaptura
La joven de 15 años se había fugado del centro donde cumplía condena, generando preocupación e indignación entre vecinos y familiares de la víctima. Durante varios días se desconoció su paradero, hasta que fue capturada nuevamente por la Policía en una residencia de la localidad de Kennedy.
El caso de David Nocua generó gran conmoción en Bogotá desde el momento del crimen, debido a la violencia del hecho y la edad de los involucrados. La nueva detención del adolescente pone de relieve los desafíos del sistema de justicia juvenil en Colombia y mantiene abierta la atención sobre la necesidad de garantizar la protección de los menores en conflicto con la ley, así como asegurar el cumplimiento efectivo de las medidas judiciales impuestas.
