La seguridad del sistema judicial en Colombia vuelve a estar bajo la lupa tras las graves denuncias del juez Hugo Carbonó, encargado de llevar el proceso penal contra Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El abogado denunció ante las autoridades que tanto él como su familia han sido víctimas de amenazas sistemáticas y vigilancia sospechosa tanto en Barranquilla como en la capital del país.
Ante la contundencia de las evidencias, la Unidad Nacional de Protección (UNP) calificó su nivel de vulnerabilidad como “riesgo extraordinario”, ordenando de inmediato un esquema reforzado con vehículos blindados y escoltas permanentes.
Según el documento conocido por la prensa, las hostilidades se intensificaron tras las audiencias de juicio oral celebradas a finales de julio pasado contra el hijo del presidente.
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El juez Hugo Carbonó señaló que la alta exposición mediática del caso permitió que desconocidos identificaran sus rutinas y su entorno residencial. Sin embargo, el hecho más inquietante de estas amenazas ocurrió en Bogotá, donde la hija del magistrado fue abordada cuando salía de su casa por dos mujeres que, de manera intimidatoria, le dijeron que conocían precisamente el trabajo que desempeñaba su padre en los juzgados de la Costa.
Este no es el primer episodio violento que ha tenido que enfrentar el funcionario judicial. Carbonó ya tenía antecedentes de intimidación por parte de peligrosos jefes criminales como alias 'Tommy Masacre' y 'El Negro Ober', a quienes condenó en el pasado.
Sin embargo, el magistrado enfatizó que el actual asedio parece estar directamente vinculado a la relevancia política del expediente de Nicolás Petro Burgos, lo que ha generado un ambiente de zozobra que busca interferir con la imparcialidad y el ritmo del juicio que se adelanta en el departamento del Atlántico.
El gremio judicial ha manifestado su solidaridad con el juez y exige garantías reales para que el proceso no se vea empañado por la violencia. Mientras la UNP implementa las nuevas medidas de seguridad, organismos de inteligencia investigan el origen de las vigilancias para determinar si provienen de estructuras criminales comunes o si existe un trasfondo político interesado en presionar las decisiones de Carbonó.
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