Una estructura criminal dedicada a la manipulación de expedientes y la extorsión sistemática ha sacudido los cimientos de la justicia en Colombia. Las revelaciones de Juan Carlos Ramírez Taborda, alias 'Manicomio', expusieron un mecanismo de corrupción donde funcionarios de la Dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía, junto a miembros de la Policía Nacional, exigían sumas superiores a los $1.000 millones de pesos a imputados y exnarcotraficantes a cambio de definir su destino legal.
Según el alias 'Manicomio', esta red utilizaba el acceso privilegiado a información reservada para intimidar a sus víctimas, entregando incluso fragmentos de archivos en memorias USB o servilletas frente al búnker de la Fiscalía en Bogotá.
Al parecer, el acceso a los procesos permitió a los involucrados ejecutar un “guión” de amenazas, documentadas en allanamientos, que incluían seguimientos y fotografías de los afectados y sus abogados.
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Los funcionarios habrían recibido pagos por manipular informes forenses, dejando lagunas técnicas que eventualmente llevarían los casos ante los jueces. Como resultado de la investigación han sido capturadas ocho personas, entre agentes del CTI, policías y un presunto abogado quienes habrían recibido pagos de hasta $300 millones en las inmediaciones del búnker.
A pesar de las detenciones, el denunciante asegura que el esquema sigue vigente y que figuras de alto poder siguen en libertad.
Ramírez Taborda señaló una falta de protección estatal efectiva, y que tanto él como su abogado siguen siendo blanco de seguimiento e intimidación por parte de sicarios.
El acceso ilegal al sistema para descargar denuncias y las amenazas de muerte reflejan la vulnerabilidad de quienes deciden colaborar con la justicia, en un caso que muestra cómo los tentáculos de la corrupción lograron penetrar las oficinas encargadas de perseguir el crimen organizado en el país.
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