El caso del asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, William Rincón, dio un giro radical este 28 de febrero. La Fiscalía General de la República presentó una solicitud de acusación contra cinco personas, acusadas no sólo de participar en el crimen, sino de orquestar una red de mentiras para desviar la investigación.
Luego de más de un año de impasse judicial, el órgano fiscal determinó que Andrés Camilo, su hermana Katherin y otros tres imputados deben responder por los delitos de tortura, utilización de menores para delinquir, cohecho a testigos y alteración de prueba material.
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La investigación reveló que el joven de 21 años fue víctima de una trampa mortal tendida a través de un perfil falso de Instagram, que lo citó al barrio Quiroga el 23 de noviembre de 2024. Allí, según el expediente, fue rodeado por una turba que lo golpeó brutalmente con palos y mangos de revólver mientras le gritaba “violador”, montaje diseñado para justificar el ataque.
Los informes de Medicina Legal confirmaron la brutalidad: Juan Felipe sufrió fracturas de costillas y traumatismo craneoencefálico antes de morir por una herida de bala en el pecho. La defensa del general Rincón ha sido enfática en que este ensañamiento constituyó un acto de tortura premeditado, desvirtuando la tesis de un simple altercado.
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El escándalo crece tras detectarse graves irregularidades en la escena del crimen. Los investigadores privados encontraron balas que no corresponden al arma del guardaespaldas de la víctima, lo que prueba la intervención de una segunda arma de fuego.
Además, se descubrió que se intentó presentar como prueba una camiseta con un agujero de bala que el joven no llevaba ese día, lo que pone en duda la transparencia de la prueba inicial.
Con este nuevo panorama, la justicia busca desentrañar si hubo móvil económico o amenazas previas detrás del homicidio, mientras los cinco imputados se alistan para afrontar su juicio.
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