La familia de Kevin Acosta, el pequeño que conmocionó al país tras morir mientras esperaba un tratamiento vital para su hemofilia, ha decidido llevar al presidente Gustavo Petro ante las gradas del Congreso.
En una acción legal sin precedentes por este caso, los familiares del menor presentaron una denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes.
El motivo es la supuesta confidencialidad violada por el jefe de Estado, a quien acusan de haber revelado públicamente detalles sensibles del historial médico de Kevin Acosta sin el consentimiento de sus padres, utilizando información privada en medio del debate nacional sobre el sistema de salud.
Para los familiares y su equipo legal, la actuación del presidente no sólo fue una falta de tacto ante el duelo de una familia, sino también una flagrante violación de la confidencialidad que protege los datos médicos de cualquier ciudadano, especialmente cuando se trata de un menor.
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La denuncia sostiene que el presidente habría expuesto documentos confidenciales para justificar posiciones políticas, dejando de lado la protección de la privacidad que exige la ley colombiana.
El caso de Kevin Acosta se ha convertido en un punto de inflexión en la discusión sobre la crisis de las EPS y el suministro de medicamentos en Colombia. Sin embargo, este nuevo aspecto legal traslada la lucha del ámbito de la salud al de la ética gubernamental y el derecho a la privacidad.
Ahora, la Comisión de Acusaciones tendrá la tarea de determinar si Gustavo Petro abusó de su poder al difundir datos protegidos por el secreto legal.
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