La presentación final que busca dejar firme la histórica sanción contra la campaña “Petro Presidente 2022-2026” ya reposa en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El juez Benjamín Ortiz archivó el escrito en el que pide desestimar los argumentos jurídicos de la defensa y ratificar las multas millonarias por haber “inflado” los gastos permitidos por la ley.
Según los relatos del tribunal, la campaña presidencial de Petro se pasó de la raya por unos 5.300 millones de pesos, distribuidos entre la primera y segunda vuelta, lo que representa una violación directa a las reglas del juego electoral en Colombia.
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La sanción no es sólo un golpe político, sino un agujero gigante en el bolsillo de los directivos del proyecto político del actual presidente. Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y entonces gerente de campaña, encabeza la lista de sancionados junto a la tesorera Lucy Aydee Mogollón y la auditora María Lucy Soto.
Cada uno de estos obispos tendría que soltar más de $2.000 millones de pesos por irregularidades en el financiamiento y otros $2.000 millones por exceder los límites en la primera vuelta. Para la segunda vuelta, el “parche” económico sería de unos $600 millones de pesos adicionales.
Ante la noticia, el presidente Gustavo Petro no se quedó callado y aseguró en redes sociales que su campaña no transgredió ningún límite.
“No es la oposición, la mayoría en el CNE, quien puede juzgarnos”, disparó el presidente, cuestionando la competencia del organismo electoral y sugiriendo que se trata de persecución política. Sin embargo, la presentación de Ortiz y el juez Álvaro Hernán Prada sostiene que no hay evidencia de irregularidades procesales y que el proceso administrativo está legalmente amparado.
La Fiscalía General ya tiene su lupa sobre Ricardo Roa, quien tiene cita el 12 de marzo para ser imputado por delitos relacionados con este mismo expediente y por presunto tráfico de influencias.
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