El máximo tribunal en lo contencioso administrativo de Colombia ha emitido un fuerte tirón de orejas que fija límites claros a la gestión de las comunicaciones digitales en el país.
A través de dos fallos recientes, el Consejo de Estado advirtió fuertemente que las entidades públicas no pueden convertir sus perfiles oficiales en redes sociales en herramientas de propaganda política o plataformas para replicar mensajes que nada tienen que ver con sus funciones legales.
Esta decisión surge luego de analizar comportamientos irregulares en los canales de difusión del Ministerio de Educación y de la Superintendencia del Notariado y Registro (SNR).
Lea también: Alivio en la Universidad EIA: Nathalia Vélez asume como rectora encargada tras la renuncia de José Manuel Restrepo
Según el alto tribunal, la Superintendencia de Notariado y Registro se dedicó a tuitear y compartir declaraciones del Presidente de la República sobre investigaciones a una EPS, tema que, por lógica institucional, no tiene relación con el registro de la propiedad ni con los notarios.
El Consejo de Estado fue enfático en señalar que las entidades del Estado tienen la obligación de informar sobre sus propios procedimientos, servicios y gestiones, y no actuar como caja de resonancia de los gobernantes en el poder.
Este fallo judicial sienta un precedente vital para la transparencia en el uso de los impuestos colombianos.
El orden es claro: las cuentas oficiales deben ser canales de información para los ciudadanos y no plataformas de campaña o ataque político.
El tribunal recordó que la publicidad estatal debe estar al servicio del pueblo para que sepa lo que se hace con el fisco, evitando a toda costa favorecer a partidos, candidatos o gobiernos concretos.
Más noticias de Colombia
