El inicio del año 2026 en el municipio de Barbosa, Santander, estuvo marcado por una fuerte polémica que tiene al alcalde Marco Alirio Cortés en el centro del huracán.
A pesar de una advertencia preventiva emitida por la Procuraduría General de la República el 29 de diciembre, la alcaldía decidió mantener la corrida de toros en Barbosa prevista para el 1 de enero.
La decisión generó un rechazo inmediato por parte de grupos defensores de los animales, activistas sociales y líderes políticos que viajaron al municipio para manifestarse pacíficamente.
Entre los asistentes al plantón estuvieron el diputado a la Cámara Cristian Avendaño, el diputado Danovis Lozano, el concejal de Bucaramanga Camilo Machado y el exconcejal Carlos Parra, quienes denunciaron un ambiente hostil por parte de algunos asistentes al evento taurino.
Lea también: ¡La compra del año! Nacional inició el año con la noticia más esperada: Alfredo Morelos está verde
La polémica escaló luego de que circularan en redes sociales varios videos en los que se observa al alcalde Cortés realizando gestos intimidatorios y pronunciando expresiones ofensivas, presuntamente en estado de excitación.
Según los denunciantes, esta actitud habría fomentado agresiones físicas y verbales contra los manifestantes, incluido el lanzamiento de objetos como latas y botellas.
Pese al clima de tensión, el presidente subió al escenario y permitió que se desarrollara la corrida, hecho que quedó registrado en videos donde también se evidencian las peleas entre los asistentes.
Por otra parte, el diputado Lozano también denunció la presunta presencia de menores de edad en el evento.
Desde el ámbito jurídico, la senadora Andrea Padilla y organizaciones ciudadanas sostienen que el alcalde se habría excedido en sus facultades, dado que Barbosa no tiene una tradición taurina ininterrumpida, lo que haría ilegal este tipo de espectáculos según la Ley 2385 de 2024 y la jurisprudencia constitucional.
Ante estos hechos, grupos ciudadanos solicitaron formalmente a la Procuraduría General de la República la apertura de una investigación disciplinaria, y a la Procuraduría General de la República evaluar posibles conductas delictivas como instigación a la violencia y maltrato animal.
Más noticias de Colombia
