La evasión de pagos en el sistema TransMilenio se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las autoridades en Bogotá, no solo por el impacto económico, sino también por el aumento de eventos violentos asociados a esta práctica.
En lo que va de 2026, la situación ha escalado hasta convertirse en un problema de orden público dentro del transporte masivo.
Según cifras recientes, más de 180 guardias de seguridad han sido víctimas de ataques por parte de personas que intentaban entrar sin pagar el billete. En promedio, se registra un ataque cada 14 horas, lo que refleja un deterioro de la convivencia al interior de las estaciones y portales del sistema.
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El problema de la evasión no sólo afecta la seguridad de los trabajadores, sino que también golpea duramente las finanzas.
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Se estima que las pérdidas anuales por este comportamiento superan los $260 mil millones de pesos, mientras que el porcentaje de usuarios que no pagan sus ingresos ya alcanza cerca del 15%.
Ante este panorama se han propuesto medidas urgentes para contener la crisis de TransMilenio. Entre las propuestas se encuentran la instalación de barreras físicas que impidan el ingreso irregular, el aumento de la presencia policial en puntos críticos y la aplicación de sanciones más estrictas contra quienes incurran en estas conductas.
Mientras tanto, la ciudad enfrenta el desafío de recuperar el control del sistema y frenar el avance de la evasión, que hoy no sólo afecta la sostenibilidad del servicio, sino también la seguridad de miles de usuarios que lo utilizan a diario.
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