El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) dio a conocer en la tarde del viernes pasado que se reanudarán los trabajos de tala y reubicación de árboles en la avenida 68, aprobados previamente por la Secretaría de Ambiente de la capital, en el marco de las obras para la troncal de TransMilenio de ese corredor. Esto, tras conocerse un nuevo fallo del Juzgado 49 Administrativo de Bogotá, a favor de un recurso interpuesto por la entidad, la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Ambiente el pasado mes de agosto.
Recordemos que el 21 de agosto de este año, el mismo despacho expidió una medida cautelar en la que ordenaba suspender la tala de árboles sobre la avenida 68. Esto a raíz de una demanda de protección de derechos e intereses colectivos presentada por un grupo de ciudadanos en junio de este año, en la que argumentaban que dichas labores constituían “un daño inminente e irreparable” para el inventario forestal ubicado en el corredor vial. Los demandantes explicaban en el documento radicado que el manejo forestal por parte del IDU era irregular, y que, dentro de las resoluciones expedidas por la Secretaría de Ambiente para llevar a cabo los trabajos, había “graves inconsistencias”.
Para soportar este argumento, el 4 de junio de este año, los demandantes aportaron un oficio mediante el cual el personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, le solicitó al director del Instituto de Desarrollo Urbano “la suspensión de actividades silviculturales de tala programadas, en el desarrollo del proyecto Troncal Avenida 68 Alimentadora de la Primera Línea del Metro”, al considerar que todavía no se había cumplido con el trámite de las modificaciones al tratamiento del arbolado.
Ante esta carta de la Personería, el IDU respondió en su momento: “En consecuencia se les solicitó a los contratistas no ejecutar dichas actividades en el marco del principio de precaución aludido en la comunicación del ente de control”.
La jueza Ana Milena Chimone Lesmes, a través de un auto del 7 de julio de 2021, admitió la acción popular radicada por Ericsson Ernesto Mena y otros ciudadanos en contra del Distrito, en la que solicitaban una medida cautelar de urgencia con el fin de obtener la suspensión de los actos administrativos, emitidos por la Secretaría de Ambiente, y por los cuales se concedieron permisos de tala y traslado.
En su momento, el Juzgado 49 Administrativo de Bogotá consideró que no existían “los elementos probatorios que justificaran pronunciarse sobre la cautela en los términos que fue solicitada”, por lo que se les dio un plazo de cinco días a las entidades involucradas para que se pronunciaran sobre dicha solicitud, esto amparado en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Veinte días después, el juzgado dio alcance a la medida cautelar solicitada por el demandante. Por tal motivo, se le solicitó a la Personería de Bogotá los antecedentes que motivaron la orden de suspender las talas programadas. Adicionalmente, se le pidió a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre información sobre las modificaciones realizadas a las nueve resoluciones que autorizaron los tratamientos silviculturales en los nueve tramos del proyecto.
Tras revisar las pruebas, el despacho decretó el 20 de agosto de 2021, como medida cautelar, la suspensión de las autorizaciones entregadas por Ambiente al IDU al considerar “que se estaba en presencia de un daño inminente e irreparable ante el manejo forestal irregular que se estaba efectuando, con el fin de evitar un perjuicio irremediable”.
Esta decisión se mantenía hasta que se presentaran las modificaciones en las resoluciones que autorizaban los trabajos acatando las recomendaciones de la ciudadanía y del ente de control. Asimismo, se le ordenó la vinculación al proceso a los consorcios responsables de las obras y al Jardín Botánico de Bogotá.
Debido a esta determinación, la Secretaría de Ambiente presentó un recurso de reposición en el que sostenía que dichos actos administrativos se habían emitido cumpliendo los compromisos adquiridos con la Personería de Bogotá y siguiendo las recomendaciones de la ciudadanía, y que, durante las actividades de revaluación, se había planteado como objetivo la reducción de talas en un mínimo del 30 %.
De igual manera, el IDU respondió al juzgado que esta medida causaba perjuicio a los derechos e intereses colectivos de la ciudad y explicó que, con el plan de obras contemplado en aquel momento, ya era claro que por cada árbol talado cinco nuevos serían sembrados.
“La defensa se basó en considerar que no solo dichos actos administrativos ya habían sido sustituidos por Ambiente, sino que, además, tuvieron una variación en el tratamiento silvicultural que reduce en un 32,17 % la tala de árboles. Adicionalmente le expuso al juzgado que el espacio público verde se triplicará con relación al existente”, indicó la entidad el viernes pasado a través de un comunicado.
A principios de agosto, la Secretaría Jurídica del Distrito solicitó el levantamiento de la medida cautelar tras la emisión, por parte de la Secretaría de Ambiente, de las nuevas autorizaciones para cada uno de los nueve grupos de intervención contemplados en la obra.
Antes de emitir el fallo, el despacho realizó una comparativa para evidenciar los cambios que se produjeron en las nueve resoluciones y notó que, con las modificaciones, se redujo la tala y se amplió el traslado en los nueve tramos en que fue dividido el proyecto.
El fallo también indica que, en varias oportunidades, los ciudadanos que interpusieron la demanda enviaron imágenes y videos al despacho relacionadas con una “presunta conducta de desacato de la medida cautelar decretada”. Sin embargo, el juzgado señaló que al revisar las grabaciones y las fotografías no se evidenció actividades de tala o traslado de árboles.
Con todos estos argumentos sobre la mesa, el juzgado resolvió levantar la medida cautelar decretada por este despacho mediante auto del 20 de agosto de 2021, abstenerse de conceder el recurso de apelación interpuesto y no abrir un incidente de desacato a las entidades del Distrito.
“La juez advierte que las razones que motivaron la decisión que obligaron a decretar esta medida cautelar han sido superadas”, señaló Diego Sánchez Fonseca, director del IDU.
El IDU también comunicó que los trabajos se reanudarán el 5 de octubre en el tramo nueve y que los demás trabajos relacionados con el arbolado continuarán tras las socializaciones que se realicen con la ciudadanía.
Tomado de: El Tiempo
