Un informe difundido por el programa Testigo Directo volvió a poner bajo la lupa lo que sucede al interior del penal de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá, luego de revelar supuestas irregularidades relacionadas con el uso de dispositivos tecnológicos dentro del establecimiento.
Según lo expuesto en el informe, algunas personas privadas de su libertad estarían transmitiendo contenidos para adultos desde el interior del penal, pese a las restricciones vigentes en el ingreso y uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas y acceso a internet.
Lo que reveló el informe periodístico
Según lo presentado por Testigo directodentro del centro penitenciario habría una dinámica en la que varios internos se organizarían para utilizar equipos con conectividad, rotando turnos para realizar transmisiones en línea.
El informe señala que esta actividad habría sido utilizada como fuente de ingresos económicos durante el tiempo de confinamiento, con pagos que, según informó, se recibirían directamente o se enviarían a familiares de los reclusos.
En el mismo contenido audiovisual, una de las voces recogidas describe que este tipo de trabajos se realizarían de forma coordinada entre varios reclusos, lo que ha generado debate sobre la magnitud del fenómeno dentro del penal.
Normas penitenciarias y cuestiones
En los centros penitenciarios del país, incluido el establecimiento El Buen Pastor, está prohibido el ingreso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas y dispositivos con conexión a redes de comunicación. Estas medidas son controladas por el INPEC, encargado de la vigilancia y custodia de la población reclusa.
El informe ha reavivado interrogantes sobre cómo estarían ingresando estos elementos al penal y en qué condiciones podrían ser utilizados para transmisiones en tiempo real, pese a los controles establecidos.
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Debate sobre el control en las prisiones
Luego de que se conoció la denuncia, el tema rápidamente pasó a la discusión pública, especialmente en las redes sociales, donde los usuarios cuestionaron la efectividad de los registros y vigilancia dentro de los centros penitenciarios.
Algunos señalan que el uso de teléfonos móviles en las cárceles no es un fenómeno nuevo y que incluso se ha asociado a otros delitos como la extorsión a los establecimientos penitenciarios. Otros, sin embargo, centran la discusión en las fallas estructurales del sistema de control penitenciario y la dificultad para impedir el ingreso de elementos prohibidos.
Posición de las autoridades y estado del caso
Hasta el momento de la difusión del informe, no ha habido ningún pronunciamiento oficial del INPEC sobre las denuncias presentadas.
Tampoco se ha anunciado ninguna investigación disciplinaria o administrativa relacionada directamente con los hechos expuestos en el reportaje televisivo.
Un debate que sigue abierto
El caso ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre el control tecnológico en las cárceles colombianas y las dificultades que enfrentan las autoridades para impedir el ingreso de dispositivos prohibidos.
Mientras tanto, continúa la controversia entre quienes ven el evento como un ejemplo de fallas en la vigilancia penitenciaria y quienes lo interpretan como parte de problemas sociales y económicos más amplios dentro del sistema penitenciario.
