Las autoridades confirmaron importantes avances en la investigación del ataque en Tunja, ocurrido este fin de semana cuando un camión volquete cargado de tatuajes fue abandonado a metros del Batallón Simón Bolívar, dejando severos daños a la guarnición militar y daños en al menos 36 viviendas en la colonia Prados de Alcalá.
El Ejército Nacional atribuye el ataque al frente Adonay Ardila Pinilla del ELN, comandado por alias Poeta, y sostiene que habría sido ejecutado en represalia por los operativos militares realizados en municipios de Boyacá como Socotá, Labranza Grande y Pajarito.
El coronel Raúl Cardona Restrepo, comandante de la Primera Brigada del Ejército, aseguró que las investigaciones “Están avanzando con resultados concretos derivados de varios allanamientos”.
Aunque evitó revelar detalles por secreto judicial, confirmó que los procedimientos han permitido identificar puntos clave sobre la preparación y ejecución del atentado.
«En su momento, el mando del Ejército o los comandantes darán la información a la opinión pública. En este corto plazo ya hay resultados tangibles»dijo el oficial.
Entre los lugares inspeccionados se encuentran los sitios donde fue adquirido el camión volquete utilizado en el ataque y donde presuntamente se instalaron los cilindros explosivos.
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Según el director general de la Policía, William Rincón, el vehículo contenía tatuajes con cronómetros secuenciales, lo que demuestra una meticulosa planificación del evento.
La explosión dejó un panorama de destrucción: cristales rotos, fachadas derrumbadas y muros dañados tanto en el interior del batallón como en viviendas vecinas.
Luego del ataque en Tunja, el gobierno departamental de Boyacá convocó a un consejo de seguridad urgente la misma noche del sábado, donde se adoptaron nuevas medidas para fortalecer la vigilancia. Entre las decisiones están: la instalación de cámaras de seguridad en la ruta Tunja-Paipa-Duitama-Sogamoso, misma por la que ingresó el camión volquete, y el refuerzo de la fuerza con nuevos oficiales y la recuperación de un cantón militar.
El caso continúa bajo investigación de la Fiscalía y la Policía Judicial, mientras la ciudadanía pide mayor presencia del Estado ante el recrudecimiento de acciones violentas atribuidas al ELN en el centro del país.
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