El Consejo de Estado falló a favor de Joseba Mikel Grajales Jiménez, presidente de Keralty, un conglomerado al que pertenece el EPS, y ordenó al presidente Petro que rectifique las afirmaciones que había hecho contra él durante un discurso presidencial.
El Tribunal Superior consideró que Petro violó los derechos fundamentales al honor, el buen nombre, la presunción de inocencia y la libertad de circulación del empresario español. En consecuencia, expresiones como «delito», «criminal» y «deben irse», pronunciadas el 15 de julio de 2025. La rectificación debe llevarse a cabo en el siguiente discurso presidencial emitido después de la notificación del fallo.
El presidente había señalado que Grajales estaba detrás del supuesto financiamiento de campañas políticas, además de calificarlo como responsable de un «crimen contra la humanidad» en el marco de la crisis de la salud.
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Sin embargo, la decisión judicial enfatiza que no existe una providencia administrativa o judicial que vincule directamente al empleador con estos hechos, lo que hace que las declaraciones sean un exceso.
En su defensa, Petro argumentó que sus palabras eran parte de un debate político sobre el modelo de salud y que estaba protegido por la libertad de expresión. También argumentó que Grajales, como figura pública, debería hacer preguntas en el marco del debate público.
Sin embargo, el Consejo de Estado fue claro: los pronunciamientos de un Jefe de Estado no son opiniones, pero actúa con peso institucional que debe estar respaldado por información verificable. El fallo recordó que el discurso presidencial no es «una facultad de Omnimoda» y siempre está limitado por el principio de legalidad y respeto por los derechos de los ciudadanos.
Este nuevo episodio judicial fortalece la posición de Sanitas en su confrontación con el gobierno nacional, después de que el Tribunal Constitucional ya había mentido la intervención del Supersalud contra el EPS.
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