La entrada en vigor de la Ley de Garantías el 31 de enero desató una carrera frenética en las entidades públicas para conseguir recursos y acuerdos.
Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que el primer mes del año se convirtió en una verdadera “feria” de contratación, con incrementos que superan el 64% respecto al mismo periodo de años anteriores.
Según el ente de control, entre el 1 y el 30 de enero de 2026 se firmaron 521.269 contratos por un valor astronómico de $32.880 millones, cifra que plantea serias dudas sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos previo a la campaña electoral.
El análisis de la DIARI (Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata) detalla que el pico máximo de este aumento se produjo en la última semana de enero, donde se adjudicaron $14.800 millones.
Sólo el 30 de enero, el último día hábil antes de la restricción, se firmaron contratos por valor de 5.700 millones de dólares.
Al comparar estos movimientos con la última contracción previa a las elecciones (en 2022), el monto total creció un 30,4%, lo que muestra un comportamiento inusual.
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Las entidades territoriales fueron las más activas, concentrando $17.700 millones del total nacional, lideradas por ciudades como Barranquilla, Medellín y Cali.
A nivel nacional, instituciones como el Sena y el ICBF encabezan la lista con convenios que superan los mil millones de pesos cada uno. Mientras el Estado acelera estas firmas masivas, la senadora Angélica Lozano denunció que miles de actuales contratistas han sufrido retrasos en sus pagos desde diciembre, calificando la situación como una contradicción administrativa.
Por su parte, el delegado de la Contraloría, Andrés Felipe Cifuentes, advirtió que ya se realizan cruces de información para determinar si esta concentración de recursos busca favorecer a las maquinarias políticas o si responde a necesidades reales de la administración pública.
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