La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por más de $86.054 millones en dos contratos de Ecopetrol: el primero por $49.592 millones, en el convenio para la operación del Ecoparque Solar Providencia y el segundo por $36.462 millones por la falta de imposición de multas en el contrato con la empresa Morelco SAS
El acuerdo interadministrativo 453 de 2022, firmado entre el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol, tuvo como objetivo fortalecer la infraestructura energética de la isla de Providencia, como respuesta prioritaria a la emergencia provocada por el huracán Iota en noviembre de 2020 y como parte de la estrategia nacional de transición energética.
Sin embargo, en la auditoría realizada durante el período 2024, la Contraloría General confirmó el daño fiscal por la inoperancia integral del Ecoparque, la exposición de los activos al deterioro ambiental, la pérdida progresiva de vida útil y la posibilidad de incurrir en sobrecostos para su futura integración.
Entre otras cosas, se evidenció la falta de entrega del sistema BESS, que funciona para el almacenamiento de energía en baterías, cuya adquisición dependió de una donación internacional que gestionó el ministerio, sin garantías contractuales y la decisión de Ecopetrol de continuar la ejecución del proyecto sin asegurar la disponibilidad de ese componente.
La Contraloría determinó que la operación parcial del proyecto no cumple con el objetivo contractual, que requiere la puesta en funcionamiento total de la planta fotovoltaica, el BESS y el sistema de control. Se estableció que existió una gestión fiscal irregular por parte del ministerio y de Ecopetrol, además de falta de planificación, gestión y supervisión.
Para la Contraloría General los recursos invertidos no cumplen con el fin para el que fueron destinados, no están brindando ningún servicio ni han representado beneficio alguno para la comunidad raizal.
Además, existe riesgo de obsolescencia de estos bienes por falta de uso y condiciones climáticas a las que están expuestos. Los componentes del parque solar no están cumpliendo el propósito para el que fueron destinados, siendo propensos a deteriorarse y reducir su vida útil.
No imponer multas
La Contraloría General de la República determinó un descubrimiento fiscal por $36.462 millones correspondientes al monto asegurado, no recuperado por Ecopetrol y negado por la aseguradora, en el contrato N°3050857, suscrito entre Ecopetrol SA y la empresa Morelco SAS
Durante la auditoría se evidenció que Ecopetrol no aplicó oportunamente las medidas previstas en el contrato como respuesta al incumplimiento del contratista, especialmente respecto de lo dispuesto en la cláusula que se refiere a multas y terminación anticipada.
Estas cláusulas daban a Ecopetrol la posibilidad de descontar de la factura las multas correspondientes al mes siguiente a la comunicación del incumplimiento, hacer efectiva la garantía de cumplimiento o, de ser necesario, rescindir anticipadamente el contrato cuando persistiera el incumplimiento.
La Contraloría General identificó que Ecopetrol evidenció y documentó varias comunicaciones advirtiendo al contratista sobre reiteradas demoras entre 2023 y 2024. A pesar de estos incumplimientos, Ecopetrol permitió que el contrato continuara sin aplicar oportunamente las medidas correctivas a su alcance, como la imposición de multas o la terminación anticipada del contrato.
En lugar de actuar durante la ejecución, la entidad inició el proceso de imposición de la multa y presentación de reclamo ante la aseguradora el 15 de abril de 2025, cuando el contrato había vencido el 30 de diciembre de 2024 y la póliza había vencido.
Para la Contraloría General, el hecho de que Ecopetrol no haya aplicado las cláusulas previstas en el contrato para atender los incumplimientos presentados y haya promovido el impacto de la póliza una vez finalizado el contrato, refleja una gestión extemporánea en el control de los incumplimientos, lo que significó perder la oportunidad de ejercer acciones de mitigación dentro del plazo contractual.
