La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para el Sector Justicia, realizó un Monitoreo Permanente a los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz, con el fin de identificar los recursos con los que cuenta la Justicia Transicional para la implementación de sus sentencias.
En el marco del seguimiento, se realizó un análisis de las órdenes dictadas por la JEP en las sentencias TP-SeRVR-RC-ST-No.001 y TP-SeRVR-RC-STNo.002 de 2025 de la Sección de Primera Instancia con Reconocimiento, donde se determinó que, dentro de los componentes de las sentencias, existe la reparadora y la reparadora, lo que, según un cálculo estimado de la Jurisdicción Especial, requiere $121,858 millones de pesos, de los cuales solo $20 mil millones de pesos están disponibles para 2026.
El 26 de septiembre de 2016, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP firmaron el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Cartagena donde se comprometieron a entregar bienes para la reparación de las víctimas.
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Adicionalmente, respecto de los demás componentes, se emitieron una serie de órdenes judiciales con la identificación precisa de las entidades públicas a nivel nacional y territorial que son responsables de garantizar las condiciones para su implementación, así como de obtener recursos para cumplir con las mismas. Sin embargo, no hay recursos presupuestados para cumplir con estas órdenes, lo que limita su ejecución a 2026.
Por otro lado, respecto de los bienes recibidos de las FARC-EP, se designó a la SAE SAS como administradora de los bienes autónomos que se encargaría de la administración de estos bienes y se determinó que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- era la entidad designada por el Gobierno Nacional como beneficiaria.
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Política
La Contraloría General de la República pudo identificar los bienes que las FARC acordaron entregar en el marco del Acuerdo de Paz para compensar a las víctimas y lo que realmente fue entregado y monetizado:
Los bienes entregados por las FARC al Estado colombiano difieren sustancialmente de los compromisos del acuerdo, lo que compromete la efectividad del principio de verdad, justicia y reparación, ya que conlleva incertidumbre sobre la efectividad de la justicia transicional como garantía de no repetición y contingencias sobre la obligación del Estado colombiano respecto de los derechos de las víctimas.
