La adquisición del avión Gripen sigue generando fuertes interrogantes en el país, sobre todo después de que un organismo de control pidiera al Gobierno que detallara todos los soportes técnicos, legales y económicos que respaldaron la elección de estos aviones suecos frente a otras alternativas evaluadas, como los modelos franceses o el F-16 estadounidense. La solicitud incluye adjuntar documentos, comparativas y análisis que expliquen por qué se eligió la flota fabricada por Saab.
El debate se intensificó luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara desde Cali que ya estaba cerrado el acuerdo con Suecia y que Colombia adquirirá 17 aviones de combate. Sin embargo, como ocurrió con otras compras multimillonarias, la decisión llegó con dudas sobre la transparencia del proceso y la información brindada al público.
Una de las quejas más sonadas provino de la congresista Carolina Arbeláez, quien cuestionó que Petro hubiera revelado recientemente detalles del contrato que anteriormente le habían sido negados bajo el argumento de “reserva”.
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La congresista insistió en que, si el presidente pudo revelar públicamente estos datos, el Ministerio de Defensa está obligado a entregarlos oficialmente. Para ella, el país requiere claridad para disipar sospechas de posibles sobrecostos.
El presidente, por su parte, afirmó que el valor total de la compra asciende a $16 mil 500 millones de pesos debido a la vigencia futura hasta 2032 y a factores macroeconómicos, incluido el comportamiento del euro.
También defendió que los aviones no vienen “desnudos”, sino equipados con sus máximas capacidades: simuladores avanzados con cuatro cabinas, paquetes de armamento, integración de sensores, herramientas especializadas, bancos de mantenimiento y entrenamiento para pilotos y personal técnico.
A pesar de las aclaraciones, la polémica sigue creciendo. Mientras los organismos de control piden rigor documental, sectores políticos insisten en que la falta de información oportuna ha alimentado las sospechas.
El Gobierno, por su parte, sostiene que se trata de una inversión estratégica para modernizar la defensa aérea del país.
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