La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia solicitó este miércoles 8 de octubre a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Representantes abrir una investigación contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña en la consulta presidencial interna del Pacto Histórico, realizada el 13 de marzo de 2022.
La solicitud se conoció un día después de que la Corte ordenara el envío de copias del expediente a la Fiscalía General de la República, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la propia Comisión de Acusación, con el propósito de esclarecer si hubo inconsistencias en los informes de gastos de las campañas de 2022.
Según el informe, la Corte busca establecer si hubo violaciones a los límites de financiamiento y errores en la contabilidad electoral, especialmente en contratos relacionados con el transporte aéreo de candidatos y equipos de campaña.
En el proceso también están incluidos Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exjefe de campaña de Petro; y Guillermo Jaramillo, actual ministro de Salud, quien coordinó la campaña legislativa del Pacto Histórico.
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Según los hallazgos, el entonces candidato Petro habría realizado 27 viajes aéreos, equivalentes a 72 horas de vuelo, los cuales no fueron reportados como gastos de campaña presidencial.
Estos viajes se habrían incluido en los gastos del Pacto Histórico al Senado, lo que habría evitado sobrepasar los límites legales de financiación.
Las facturas por los servicios, contratados por más de $2.324 millones, se habrían dividido en dos: una por $1.215 millones a nombre de la campaña del Senado y otra por un monto similar correspondiente a la consulta presidencial.
Sin embargo, en varios de esos vuelos no fueron los candidatos al Congreso quienes supuestamente viajaron, sino el propio Petro junto con su equipo de seguridad y familiares.
La Corte sostiene que este manejo habría inducido a error a la CNE, que reconoció la reposición de gastos con base en información supuestamente alterada.
La Comisión de Acusación, competente para investigar al Presidente de la República, deberá analizar los documentos enviados y definir si procede o no una investigación formal contra Gustavo Petro y los funcionarios involucrados.
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