La emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional a finales de 2025 fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional de Colombia, que tomó la decisión con una mayoría de votos de seis magistrados frente a dos que se apartaron del fallo.
Con esta determinación, el alto tribunal anuló el decreto mediante el cual el Ejecutivo pretendía adoptar medidas excepcionales, al considerar que no cumplía con los requisitos establecidos en la Constitución para este tipo de declaraciones.
La decisión se produjo luego del análisis de una ponencia presentada por el juez Carlos Camargo, quien afirmó que la emergencia económica no se ajustaba al marco legal vigente.
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La Sala Plena aceptó este criterio, sentando un precedente respecto del uso de estados de excepción en el país.
Por su parte, el Gobierno había solicitado anular decisiones judiciales anteriores que suspendieron la aplicación del decreto, argumentando posibles irregularidades en el proceso. Sin embargo, estos recursos no tuvieron éxito y finalmente se adoptó una decisión de fondo.
El fallo también deja abierta la discusión sobre las herramientas con las que cuenta el Gobierno para afrontar situaciones excepcionales, así como los límites que impone la Constitución en cuanto a su aplicación.
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