El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se pronunció en medio de la polémica generada en Bogotá por un intento de robo en el que uno de los involucrados portaba un dispositivo de seguimiento electrónico asociado a una medida de arresto domiciliario.
El caso reabrió el debate sobre la efectividad del sistema de vigilancia de las personas privadas de libertad fuera de las cárceles.
La discusión tomó impulso luego de que autoridades distritales señalaran supuestas fallas en el control de estos mecanismos.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó públicamente el funcionamiento del modelo de arresto domiciliario, advirtiendo que no serían situaciones aisladas y que habría casos de reincidencia delictiva de personas con este tipo de medidas.
En su declaración, el presidente expresó que: «no son casos aislados, el sistema no funciona. Delincuentes con arresto domiciliario: cometiendo nuevos delitos en la calle. Asesinos condenados con antecedentes: tranquilos en la calle. Fleteros capturados tres veces: liberados tres veces». Además, añadió: “los delincuentes deberían estar en la cárcel, no en la calle”.
Cómo funciona el sistema de seguimiento
Ante las críticas, el INPEC explicó que el control de las personas bajo arresto domiciliario se realiza a través del Centro Penitenciario Virtual (CERVI), sistema encargado de rastrear la ubicación de los usuarios en tiempo real mediante dispositivos electrónicos.
Según la entidad, este mecanismo permite detectar alertas como movimientos no autorizados, manipulación de la pulsera o pérdida de señal, lo que genera notificaciones automáticas para su verificación. Estas alertas son revisadas y reportadas a las autoridades judiciales competentes.
El sistema también se apoya en operativos de verificación en campo, que incluyen visitas periódicas para corroborar el cumplimiento de las medidas. Según la información proporcionada por la entidad, en promedio se realizan alrededor de 1.300 inspecciones semanales en diferentes regiones del país.
Actualmente, el esquema cuenta con más de 5.140 dispositivos activos y ha registrado más de 13.500 activaciones en todo el territorio nacional.
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Respuesta del INPEC sobre el caso en Bogotá
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En su comunicado, el INPEC fue enfático al señalar que el sistema de brazalete electrónico no presenta fallas estructurales ni sistémicas. La entidad aseguró que los dispositivos funcionan con tecnología de georreferenciación y monitoreo satelital permanente, lo que permite un monitoreo continuo las 24 horas del día.
Además, explicó que el sistema opera de manera articulada con diferentes instituciones, en las que el propio INPEC y CERVI participan en el seguimiento, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios en el apoyo tecnológico, y los jueces ejecutadores de sentencias como autoridad encargada de tomar decisiones sobre posibles incumplimientos.
La entidad también señaló que el sistema genera múltiples tipos de alertas automáticas en tiempo real, las cuales son reportadas para su análisis y posible intervención judicial cuando se detectan irregularidades.
El caso que generó la polémica
Ante el hecho ocurrido en la capital, el INPEC indicó que el implicado en el intento de robo se encontraba bajo arresto domiciliario desde enero de 2026. Según información oficial, este individuo habría acumulado múltiples incumplimientos de la medida, incluidas decenas de transgresiones relacionadas con el control de su ubicación.
Estos informes, según la entidad, fueron remitidos a las autoridades judiciales correspondientes mediante los procedimientos establecidos.
El INPEC también aclaró que no tiene la facultad de revocar las medidas de arresto domiciliario, ya que esta decisión recae exclusivamente en los jueces ejecutadores de sentencias, quienes evalúan los informes enviados por el sistema de seguimiento.
En palabras de la entidad: “Es importante aclarar que la única persona autorizada para revocar la medida y que esta transgresión tenga consecuencias es el juez que ejecuta sentencias con base en los informes del Inpec, los cuales, reiteramos, han sido realizados y están documentados”.
Debate abierto sobre el control
Si bien el INPEC insiste en la solidez del sistema de vigilancia y la existencia de herramientas tecnológicas para monitorear los casos, los recientes acontecimientos en Bogotá han intensificado el debate público sobre la efectividad del modelo de prisión domiciliaria.
La discusión ahora se centra no sólo en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos, sino también en la articulación entre las entidades responsables y la respuesta judicial ante los incumplimientos registrados.
