La seguridad en torno a la protección de las personas en Colombia volvió al centro del debate público tras las recientes declaraciones del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, sobre el caso de Juliana Guerrero.
La polémica estalló tras cuestionamientos sobre el esquema asignado a Juliana Guerrero, quien actualmente no ocupa cargos públicos, pero aún cuenta con medidas de protección.
El funcionario desmintió versiones que circulaban sobre un supuesto esquema robusto compuesto por varios vehículos blindados y una gran cantidad de escoltas, asegurando que dichas afirmaciones no se corresponden con la realidad.
Según explicó el director de la UNP, la protección de Guerrero se originó durante el tiempo en que estuvo vinculada a la Secretaría de Gobernación.
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Durante ese período, habría denunciado situaciones de riesgo que fueron evaluadas por los comités técnicos encargados, los cuales determinaron la necesidad de otorgar medidas preventivas. Actualmente su caso permanece en revisión a través de los procedimientos ordinarios que aplica la entidad.
Sin embargo, el tema ha generado críticas de distintos sectores políticos y de opinión. Algunos cuestionan la asignación de recursos estatales para la protección de una persona sin funciones públicas actuales, especialmente en un contexto donde líderes sociales y otras poblaciones vulnerables enfrentan amenazas constantes.
En medio de este panorama, el caso ha abierto un debate más amplio sobre los criterios utilizados para asignar los esquemas de protección en el país.
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