La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 016 de 2026 por el riesgo que enfrentan vecinos de cinco municipios del Huila ante la expansión territorial de las disidencias de 'Iván Mordisco'.
La entidad alertó sobre posibles violaciones a los Derechos Humanos relacionadas con el control que ejercen estructuras armadas en zonas rurales de Aipe, Neiva, Palermo, Santa María y Teruel.
Según el informe, el escenario de riesgo está relacionado con el fortalecimiento del Frente Ismael Ruiz, perteneciente al Bloque Central Isaías Pardo, estructura vinculada al autoproclamado Estado Mayor Central (EMC). La Defensoría del Pueblo indicó que el grupo armado busca consolidar su presencia en corredores estratégicos que conectan los departamentos de Huila, Tolima y Cauca.
Entre las prácticas denunciadas por la entidad se encuentra la imposición de normas a las comunidades a través de los llamados 'manuales de convivencia', restricciones de horarios y limitaciones de circulación por determinadas zonas. Además, alertó sobre la instalación de garitas, puntos de control y demarcaciones territoriales con vallas y panfletos para ejercer control sobre los habitantes.
La Defensoría del Pueblo también alertó sobre el impacto económico que genera el cobro de extorsiones a agricultores, comerciantes y mineros, así como hechos relacionados con homicidios, reclutamiento de menores y ocupación de viviendas y establecimientos educativos durante enfrentamientos armados.
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Según el documento, durante 2025 se registraron al menos seis asesinatos, considerados ejemplares por el incumplimiento de las normas impuestas por el grupo ilegal. La entidad señaló que municipios como Palermo y Neiva presentan cifras de homicidios preocupantes.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el posible uso de nuevas tecnologías por parte de estos grupos, como drones con artefactos explosivos, y señaló el riesgo de reclutar a niños, niñas y adolescentes para ser trasladados a zonas de enfrentamiento.
Ante esta situación, la entidad realizó 19 recomendaciones a instituciones nacionales y territoriales, entre ellas el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio para los Derechos Humanos y el Ejército Nacional, con el objetivo de implementar acciones urgentes para proteger a las comunidades afectadas.
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