La senadora y candidata a la presidencia Paloma Valencia denunció un presunto escándalo de contratación masiva en el Ministerio de Igualdad, señalando que el fondo asignado a esa cartera se habría utilizado para contratar de forma discrecional, por derecho privado, a miles de personas y operadores logísticos, en la previa de las elecciones de 2026.
Según Valencia, la situación salió a la luz tras una denuncia presentada en diciembre del año pasado, cuando advertía que desde hacía dos años el Fondo no publicaba contratos. «Fue una feria de contratos, burocracia y despilfarro. Ahora entendemos por qué no publicaron nada». afirmó.
Según la congresista, el fondo vinculado a MinIgualdad firmó cuatro contratos con la empresa Laborando SAS por un total de $70.582 millones, destinados a contratar al menos 3.304 trabajadores temporales entre septiembre de 2025 y mayo de 2026.
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La distribución conocida incluye 3.146 personas para el programa Jóvenes en Paz, 158 para el Sistema de Violencia de Género y un número indeterminado para la gestión operativa del fondo y el programa Agua es Vida.
Valencia advirtió de que el número real de contratistas podría ser mayor, ya que dos contratos no establecen un límite de personal, lo que, según sus cálculos, supondría un incremento del 493% respecto a la planta del Ministerio.
Valencia también cuestionó la necesidad de estas contrataciones, señalando que a noviembre de 2025, MinEgualdad contaba con 191 contratistas y 541 funcionarios, ninguno de ellos de carrera administrativa. Además, entre 2024 y 2025, el Fondo habría contratado a 308 contratistas adicionales, a pesar de que cumplían funciones propias del Ministerio.
El candidato contrastó estas cifras con la ejecución presupuestaria: mientras el Ministerio destinó $56.195 millones para su nómina entre enero y noviembre de 2025, el Fondo habría comprometido $70.582 millones en apenas seis meses, 125% más de lo ejecutado por la entidad en diez meses.
Baja ejecución y otras quejas
La denuncia también incluye la firma de dos contratos de operador logístico por $68.949 millones, realizada por el Fondo y no por el Ministerio. Según Valencia, esto se habría hecho para evadir la Ley 80 de compras públicas y permitir la contratación directa, con adelantos que suman más de $15.000 millones.
A esto se suma, según el senador, la falta de transparencia en el SECOP, donde no aparecen facturas, anexos técnicos ni informes de supervisión. Indicó que los contratos fueron publicados sólo parcialmente luego de su advertencia en el Congreso.
El caso se conoce en medio de otras denuncias sobre la cartera, como las realizadas por la diputada Catherine Juvinao, quien cuestionó la baja ejecución presupuestal del Ministerio y acusó al ministro Juan Fernando Florián de entregar información falsa, lo que derivó en una denuncia disciplinaria ante la Procuraduría General de la República.
Además, recientemente se anunció la destitución del exviceministro de Igualdad Dumar Guevara, quien habría estado involucrado en presuntas irregularidades contractuales por más de $55.000 millones con el fondo FonIgualdad.
Todo sucede mientras el Congreso debate el futuro del Ministerio de Igualdad, que tras ser declarado inejecutable por el Tribunal Constitucional debe ser reconsiderado.
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