Procuraduría cierra proceso por falta de méritos
La Procuraduría General de la Nación determinó que no existían pruebas suficientes para sancionar disciplinariamente a Edna Margarita Murcia Mejía, contralora de Ibagué, quien fue investigada por presuntas irregularidades en el uso del vehículo oficial y en la asignación de funciones al personal de la Contraloría. Luego de varios meses de recopilación de documentos y testimonios, el ente de control cerró la investigación por no encontrar elementos que configuraran una falta disciplinaria.
Las acusaciones giraban en torno al presunto uso indebido de un carro oficial, supuestamente facilitado a Antonio Fajardo Rico —quien al parecer es su esposo— y a la asignación de tareas fuera de función a cuatro auditores. También se evaluaron posibles irregularidades en la vinculación de personal sin cumplir los requisitos establecidos en la carrera administrativa.
Las pruebas no respaldaron los señalamientos
Durante la fase probatoria, se evidenció que la asignación del vehículo oficial fue registrada para fines institucionales, y no se pudo comprobar el uso personal por parte del señor Fajardo Rico. Igualmente, se demostró que los cambios en el Manual de Funciones no fueron ejecutados de forma unilateral ni sin autorización. La defensa de Murcia Mejía aportó documentos certificados por el Concejo Municipal y correspondencia formal con la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Con respecto al personal vinculado, la Procuraduría verificó los títulos y hojas de vida presentadas por los funcionarios y descartó que existieran inhabilidades o faltas al procedimiento.
Una decisión que reafirma garantías
La Procuraduría Regional de Instrucción de Tolima concluyó que la contralora actuó dentro del marco legal, y que no hubo perjuicio al patrimonio público ni abuso de poder. La funcionaria fue absuelta de toda responsabilidad, y con ello se reafirma el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Este fallo envía un mensaje claro sobre el respeto a las garantías procesales en los procesos disciplinarios.
La contralora retoma sus funciones con el respaldo de una decisión institucional que restablece su imagen pública y legitima su gestión administrativa.
