El tiempo corre para los cuatro funcionarios del Estado que permanecen secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Luego de varios meses de cautiverio, el grupo armado emitió un radical comunicado vía video, anunciando que el Frente de Guerra Oriental iniciará un llamado «juicio revolucionario» contra los cautivos.
Esta drástica medida, que la guerrilla justifica por la supuesta falta de avances en las negociaciones con el Gobierno, implica que los secuestrados podrían enfrentar posibles penas de prisión de tres a siete años en manos del ELN.
Los afectados son los agentes del CTI de la Fiscalía General de la República, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, junto con los patrulleros de la Dijín de la Policía Nacional, Yordy Fabián Pérez Mendoza y el vicealcalde Frankesley Hoyos Murcia. Sus secuestros ocurrieron en mayo y julio en Arauca.
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El mensaje del ELN destaca la amenaza directa: “Los agentes […] «Irán a un juicio revolucionario donde podrán recibir penas de prisión de 3 a 7 años, teniendo derecho a recibir y enviar correspondencia familiar».
La Fiscalía General de la República reaccionó de manera inmediata y contundente, reiterando su llamado urgente al ELN para que libere incondicionalmente a sus funcionarios.
La entidad rechazó tajantemente la intención de condicionar la libertad de los agentes a un intercambio, «como si fueran fichas de moneda», y recordó que ambos son funcionarios judiciales dedicados a la protección de víctimas y testigos, no a tareas de combate.
En las grabaciones difundidas recientemente, los propios secuestrados habían enviado mensajes al presidente Gustavo Petro y a la fiscal general Luz Adriana Camargo, pidiendo que se agilizara su liberación.
La entidad también agradeció el esfuerzo humanitario de organismos como la ONU, el CICR, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo.
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