Después de vivir 23 años junto a su esposo y sus dos hijos en un edificio de Niza IX etapa tres, en la localidad de Suba, Emilce Cala recibió una carta en la que le informaron que debía evacuar su vivienda inmediatamente.
La orden la emitió el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), porque la edificación fue declarada en amenaza de ruina; es decir, que atenta contra la seguridad de sus ocupantes, vecinos y transeúntes, convirtiéndose en una amenaza pública y por eso debe ser demolido. Así que el 28 de febrero, a sus 60 años, tuvo que salir de su hogar, como otras 16 familias. Desde ese momento, no tienen paz, afirma Cala.
Los problemas en el edificio Niza IX empezaron hace tres años con grietas, a la par que se construía el proyecto Centro Empresarial Colpatria, en la calle 127A con carrera 54A-45, que actualmente cuenta con 3 torres.
Este año, los daños fueron tantos que el Idiger declaró la amenaza de ruina y emitió una orden de evacuación inmediata. “Era tan grande el bache entre pared y suelo de la sala, que en las noches se podía ver la luz del apartamento que tenemos debajo”, comentó Cala.
Mientras se define si hay responsabilidad de la Constructora, Emilce y sus vecinos llegaron a un acuerdo con Colpatria. “Ellos se comprometieron a encontrarnos un lugar temporal en donde vivir, mientras se soluciona el tema de nuestras viviendas”.Dos semanas después de recibir la orden de evacuación, Cala tuvo que trastearse a otra torre del mismo conjunto.
La constructora le pagó seis meses de arriendo, en el que es, por el momento, su nuevo hogar, pero este no ha sido de su agrado. “Ninguno tiene arreglos y muchos de ellos no cuentan con las cosas básicas, como lo son algunos detalles en el baño; no hay lugar en dónde poner el jabón ni el papel higiénico. Además, son más pequeños”, explicó Emilce, y agregó que ahora vive entre cajas, reuniones constantes y con la preocupación sobre el futuro de su apartamento.
Colpatria afirmó que, en su actuar de buen vecino, desde hace tres años, ha trabajado con la comunidad para identificar las causas de la afectación con el rigor y la competencia de expertos y reubicaron a las familias, independientemente del diagnóstico definitivo técnico que se conocerá en los próximos meses.
Como el caso de la torre de Niza IX hay otros 378 predios en amenaza de ruina en Bogotá, por diversas razones, y 2.363 edificaciones en riesgo estructural, de acuerdo con el Idiger. “Entre el 2015 y el 2017 hemos emitido 875 actas de recomendación de evacuación o restricción parcial de uso por compromiso de estabilidad y habitabilidad. Estas han aumentado a raíz de los requerimientos de la comunidad”, expresó el Idiger.
Dichas actas de recomendación de evacuación, según explica la entidad, se generan en el marco del principio de precaución. Es decir, cuando se presenta un compromiso total o parcial de la estabilidad de la estructura o en casos donde hay daños que comprometen espacios funcionales, como los baños o las cocinas.
Entre las causas para que una edificación entre en riesgo, además de daños por obras vecinas, está el fenómeno de remoción en masa, uno de los peligros en barrios de la capital. Se estima que hay cerca de 214.000 personas que habitan en zonas de este tipo, de acuerdo con el mapa de riesgo de la Secretaría Distrital de Planeación. Los sectores más vulnerables por remoción en masa están en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe y San Cristóbal. Los de riesgos estructurales son predominantes en Suba (356 casos), Usaquén (261), Ciudad Bolívar (196) y San Cristóbal (175).
La reubicación de las familias que se encuentran habitando una vivienda con riesgo estructural o amenaza de ruina es uno de los problemas que enfrenta el Distrito.
El Idiger se encarga de emitir la recomendación, brindar las ayudas necesarias y socializar sobre la importancia de evacuar, pero son las alcaldías locales las que deben gestionar que la recomendación se lleve cabo.
Los alcaldes deben llevar a cabo el seguimiento, el control y la vigilancia de las obras en cada una de las localidades, pero estas no han tenido la prevención necesaria.
¿A dónde irse a vivir?
Cuando las viviendas corresponden a los estratos 1 y 2, el Distrito tiene un plan de reasentamiento para ellas si están en alto riesgo. Según el Idiger, es un proceso de intervención de viviendas en condiciones de alto riesgo, con el objetivo de proteger la vida de las familias.
Existen cuatro modalidades de reasentamiento: relocalización transitoria, reubicación, adquisición predial y reparación o reconstrucción de la vivienda.
Pero cuando son los estratos 3, 4, 5 y 6 los que se encuentran en riesgo, deben evacuar y reubicarse por su cuenta o conciliar y llegar a un acuerdo con quien les causó el daño.
Este fue el caso de nueve familias que en el 2009 fueron desalojados de un edificio en Cedritos, en la calle 145 con carrera 21, porque la construcción de una nueva torre les averió la suya.
El drama de estas familias persiste, porque la constructora señalada como responsable, Falla y Delgadillo S.A. y cuyo proceso está abierto, no les ha respondido por los daños.
Todos los habitantes de este edificio de Cedritos tuvieron que trasladarse por su cuenta y pagar el arriendo de un nuevo lugar, a pesar de tener un apartamento propio. Incluso, hay quienes todavía pagan una cuota al banco por el crédito que solicitaron para adquirir la vivienda afectada.
Para el concejal Rolando González, las alcaldías locales no siempre han considerado lo que el Idiger emite; por eso, la ciudad vive esta crisis de edificaciones en riesgo. “Los alcaldes deben llevar a cabo el seguimiento, el control y la vigilancia de las obras en cada una de las localidades, pero estas no han tenido la prevención necesaria, algo que es su función y su labor”, afirmó.
Además, González añadió que en los casos en que los nuevos proyectos de construcción amenazan edificaciones antiguas se debe sellar la obra, pero si son construcciones ya terminadas, el deber legal es llevar a cabo la demolición de la nueva edificación para evitar tragedias.
Solo entre el 2015 y el 2017 el Idiger pasó de emitir 249 actas de evacuación a 352. Lo que quiere decir que las mismas aumentaron un 41 por ciento en dos años.
Las actas de restricción parcial que se refieren a algunas zonas de uso de las viviendas (patio y sala, entre otros) pasaron de 199 en el 2015 a 318 en el 2017, lo que evidencia un incremento del 60 por ciento en los casos.
Para el Idiger, la situación no solo refleja que la ciudad viene incrementando su nivel de edificaciones que presentan daños, sino que hay una necesidad de tomar medidas para evitar tragedias que pongan en riesgo la vida de los residentes.
“La supervisión del cumplimiento de las normas urbanísticas, arquitectónicas o de sismorresistencia está en manos de los curadores urbanos en la etapa del licenciamiento y de los alcaldes locales en la etapa de ejecución de obras”, afirmó el Idiger.
En el edificio del Lago aún no han evacuado
A pesar de que el 16 de marzo el Idiger les envió una orden de desalojo inmediato a los residentes del edificio José Luis, en la carrera 16 n.° 80-07, todavía no han evacuado.
El edificio está severamente inclinado, luego de que comenzará, en su costado sur, la construcción de una torre de tres sótanos y diez pisos del proyecto Blue Sky, de la Constructora Advance SAS.
Recientemente, la constructora del proyecto Advance, según los residentes, realizó intervenciones en la estructura del edificio para asegurarlo, pero todavía no se define qué responsabilidad van a asumir, pues su licencia vence el 24 de abril. “Seguimos viviendo aquí porque no sabemos a dónde ir”, dijo uno de los afectados.
Fuente: El Tiempo
