Minuto30.com .- El escándalo de corrupción que dejó sin internet a miles de niños de zonas rurales de Colombia ha tenido hoy un avance judicial sin precedentes. La Procuraduría General de la República impuso medidas cautelares con el fin de extinguir el derecho de propiedad sobre un total de 23 bienes vinculados a los involucrados en las irregularidades del contrato entre el MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados.
Las propiedades afectadas tienen un valor comercial que supera los 65 mil 900 millones de pesos. Esta operación busca recuperar parte del millonario anticipo que fue desviado y que originalmente estaba destinado a instalar 7.277 centros digitales en las escuelas más alejadas del país.
El rastro del dinero de los “Centros Poblados”: De Emilio Tapia a exfuncionarios
Según la investigación de la Fiscalía, los bienes afectados pertenecerían a los autores intelectuales de la operación ilícita: Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres y Luis Fernando Duque Torres, así como algunos de sus familiares cercanos.
Las autoridades detectaron que estos bienes, ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño, habrían sido adquiridos con los recursos del anticipo pagado de manera irregular. La lista de propiedades incluye:
Propiedades urbanas y rurales.
Establecimientos comerciales.
Estacionamientos.
Activos corporativos.
Medida cautelar contra bienes de la exministra Karen Abudinen
Una de las novedades más destacadas de este operativo es la aplicación de una medida cautelar sobre un inmueble de la exministra TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
Esta decisión, que responde a los procesos de responsabilidad fiscal emitidos por la Contraloría General de la República, busca proteger los bienes que pueden ser utilizados para compensar el daño patrimonial causado al Estado. La Fiscalía aclaró que estas medidas son de carácter legal y se basan en la imposibilidad de localizar, hasta el momento, la totalidad de los recursos en efectivo que fueron desviados.
Empresas de “fachada”
La Dirección Especializada en Extinción de Derechos de Dominio reveló un complejo entramado de ingeniería financiera. Según el organismo acusador, los involucrados utilizaron a las empresas que integraban los Centros Poblados de Unión Temporal como instrumentos para cometer irregularidades, mezclando bienes de procedencia legal con los recursos ilícitos del contrato.
Esta combinación de capitales permitió a los implicados ocultar el rastro del dinero público durante meses, hasta que las pruebas materiales recabadas permitieron establecer la causa de equivalencia para proceder a la ocupación de los bienes.
Este proceso no sólo representa un avance técnico-jurídico, sino también una respuesta al clamor nacional de justicia en uno de los casos de corrupción más dolorosos de los últimos años. El proyecto original pretendía conectar 16 departamentos del país, una promesa de educación y progreso que quedó truncada por la ambición de unos pocos.
