La situación judicial de Luis Mariano Díaz, hijo del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz, tomó un nuevo giro luego de que la Fiscalía General de la República lo imputara por los delitos de secuestro simple agravado con tortura, por hechos ocurridos en Barranquilla durante agosto de 2025.
El proceso judicial también incluyó la imputación de otras cinco personas: Keiner Rocha, Darío Tirado, José David Martínez, Alexis Jiménez y Stiven Bolaño, quienes, según la investigación, participaron en la retención ilegal y agresiones contra Carlos Alfredo Mejía.
Durante la audiencia, el órgano fiscal también solicitó que se imponga medida de seguridad contra los seis imputados, mientras avanza el proceso penal.
La investigación apunta a una supuesta organización recaudadora
Según lo manifestado por la Fiscalía, los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de agosto de 2025 en el barrio Ciudad Modesto, en Barranquilla.
La investigación sostiene que la víctima fue privada de su libertad y conducida contra su voluntad a un inmueble donde, presuntamente, fue sometida a diferentes actos de violencia física y psicológica.
Según la hipótesis del ente investigador, el caso estaría relacionado con una organización dedicada a actividades de cobranza, identificada como «Soluciones Mano a Mano», que presuntamente operaba bajo la modalidad de préstamos informales conocida como «gota a gota».
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La Fiscalía indicó que Carlos Alfredo Mejía Vargas formaba parte de esa estructura como recaudador y que los actualmente imputados lo habrían imputado por la pérdida de una suma de dinero que, según las investigaciones, estaría entre 15 y 30 millones de pesos.
El papel atribuido por la Fiscalía a Luis Mariano Díaz
Durante la audiencia, el fiscal delegado ante jueces de circuito, Rodrigo Restrepo, explicó que la investigación permitió establecer el presunto rol de cada uno de los imputados dentro de la organización.
En el caso de Luis Mariano Díaz González, la Fiscalía sostiene que habría ejercido funciones de liderazgo dentro de la estructura, coordinando las actividades de recaudadores y supervisores.
Según el órgano fiscal, el hijo del artista no habría estado presente desde el inicio del secuestro, sino que llegó posteriormente al lugar donde se encontraba retenida la víctima y habría permanecido allí por más de dos horas.
La investigación señala que, durante ese tiempo, presuntamente dirigió parte de las agresiones, golpeó a Carlos Alfredo Mejía Vargas con la culata de un arma de fuego y continuó interrogándolo para saber el paradero del dinero que, según la organización, había desaparecido.
La Fiscalía también aseguró que habría apoyado nuevas demandas económicas dirigidas a la víctima y su familia, incluida la entrega de una vivienda como condición para obtener su liberación.
Señalan que la víctima también fue torturada
Según la investigación, durante el tiempo que estuvo detenido, Carlos Alfredo Mejía Vargas habría sido objeto de múltiples agresiones.
La Fiscalía sostiene que los imputados lo habrían golpeado con tablas, tubos, armas de fuego y otros objetos contundentes, además de ejercer presión psicológica mediante amenazas y exigencias económicas.
Asimismo, las autoridades indicaron que durante el cautiverio se realizaron contactos con los familiares de la víctima para exigir inicialmente el pago de 15 millones de pesos. Al enterarse de que esta suma no podría ser entregada, los presuntos responsables habrían planteado la posibilidad de recibir una vivienda como forma de pago.
El proceso continúa
Con base en los elementos recabados durante la investigación, la Fiscalía considera que Luis Mariano Díaz González habría tenido un papel determinante tanto en la dirección de la presunta organización como en la ejecución de parte de los hechos que actualmente son objeto de la investigación.
La audiencia continuará con el estudio del pedido de medida de seguridad presentado por la entidad acusadora contra los seis imputados.
Por ahora, las acusaciones corresponden a una etapa inicial del proceso penal. En consecuencia, los cargos formulados por la Fiscalía deben ser debatidos y probados ante un juez durante el transcurso del juicio, mientras que los investigados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una condena firme.
